Miles de madres, padres y familiares de personas desaparecidas salieron este 30 de agosto a las calles de ciudades como Guadalajara, Oaxaca, Culiacán y Ciudad de México, para exigir el retorno de sus seres queridos y denunciar la falta de acciones efectivas de las autoridades.
Con fotografías, pancartas y consignas, los colectivos reclamaron justicia por las más de 133 mil desapariciones que se registran en México, de acuerdo con cifras oficiales.
Las movilizaciones se enmarcaron en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Diversos grupos de buscadoras subrayaron que son ellas quienes realizan gran parte de las labores de búsqueda en campo, y reiteraron su demanda de apoyo inmediato por parte de las instituciones.
Informe en CDMX
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, presentó el informe temático “Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas”.
El documento, basado en el análisis de 34 casos ocurridos entre 2017 y 2024, revela fallas estructurales en los mecanismos de búsqueda. Entre ellas, que en 44 por ciento de los casos no hubo inscripción en el registro correspondiente y que, en algunos expedientes, ésta se realizó hasta cinco años después de la denuncia.
Integrantes del Colectivo Familiares desaparecidos marcharon desde el memorial de la avenida Xalapa hasta el parque Juárez y se concentraron en a Plaza Regina donde recordaron a sus seres ausentes y exigieron a las autoridades dejar atrás la simulación y atender con urgencia la… pic.twitter.com/kDy5XcJJ4Z
— adondevanlosdesaparecidos.org (@DesaparecerEnMx) August 30, 2025
Además, en apenas 3 de cada 10 casos se aplicaron acciones de búsqueda inmediata, mientras que en el 97 por ciento de los expedientes las investigaciones ministeriales carecieron de un plan formal que orientara las diligencias.
El informe también apunta que en el 73 por ciento de los casos las aportaciones de las familias no fueron tomadas en cuenta por las autoridades, lo que limita el acceso a la verdad y la reparación.