Se llevó a cabo el Tercer Foro Virtual “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Quintana Roo: por el derecho a decidir” con representantes del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado. El evento tuvo una duración de 1:34 horas y fue transmitido por las plataformas virtuales del Congreso del Estado.
Se contó con la participación de Norma Cano Hernández, Titular de la Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado y Juan José Olea, Coordinador de Asesores de la Fiscalía General del Estado.
Ambos representantes hicieron hincapié en que están implementando la perspectiva de género como parte de la actualización de sus instituciones. Resaltaron que también se está actualizando la NOM-46.
Hasta el 2021 hubo 64 denuncias de violación. En 2020 fueron 532 en su totalidad,” según datos que compartió Juan José Olea, portavoz de la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, uno de los delitos de alta incidencia en el Estado es la violencia familiar.
La Fiscalía General del Estado, por medio de Juan José Olea, expuso grosso modo que antes de imputar a cualquier persona, llevan a cabo una serie de protocolos. Compartió que la Fiscalía se concentra en los delitos “que verdaderamente lesionan al tejido social como: homicidios, secuestros, el narcomenudeo, trata, violación. Por ejemplo, en el caso de la mujer, violencia familiar. Son los delitos que tenemos de alta incidencia aquí en el Estado.” Considera que a partir de la pandemia se han tenido que configurar medidas alternativas para solucionar, principalmente, el aumento de violencia familiar.
Sin embargo, en su participación hizo hincapié en que la acción de la Fiscalía no es independiente de lo que dicte el Congreso. Al respecto señaló: “nosotros vamos a estar a lo que los Congresistas aprueben. Es importante que nos instruyan a través de la legislación positiva.”
El aborto y la Fiscalía
Juan José Olea compartió que son seis artículos de tipo penal los que se refieren al tema de aborto: del Art.92 al Art.97, consecutivamente. Por ejemplo, los artículos que van del 93 al 96 refieren a las penas que se imponen en caso de que una mujer aborte: van de 6 meses a 2 años, con o sin consentimiento. Señaló que en el Art. 97 el aborto no es punible si: “es resultado de una violación que haya sido denunciada ante el Ministerio Público y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación. Cuando […] padezca alteraciones genéticas o congénitas […] Cuando […] sea necesario para evitar un grave peligro para la vida [de la mujer embarazada].”
Compartió que la Fiscalía inició diversas carpetas de investigación por el caso de abortos, “pero no hay un solo caso de la Fiscalía que haya logrado una vinculación ante el juez de control.” Finalizó su intervención señalando que tienen varias denuncias de parte de la Secretaría de Salud pero “en ningún caso hay vinculación. Si fuera la situación, por supuesto que es un delito que no requiere prisión preventiva.”
“Lo que se tiene que visualizar en primer término es el principio pro-persona”: Poder Judicial del Estado
Norma Cano Hernández, expuso de forma general el trabajo del Poder Judicial del Estado y resaltó su postura imparcial. En su intervención resaltó que van a implementar protocolos, talleres de capacitación y acciones de logística, con perspectiva de género. La representante hizo hincapié en que el Poder Judicial, sin embargo, no posee la facultad de legislar.
Señaló que están trabajando en dos proyectos, “el primero, es el protocolo para juzgar con perspectiva de género […]. Este trabajo se hará en coordinación con jueces y juezas porque es necesario vincularlos […] Estamos trabajando en la creación de tribunales especializados contra la violencia hacia las mujeres. […] Sería el primer tribunal especializado ya que los demás estados cuentan con juzgados especializados, pero en materia de ordenes y medidas de protección. Estamos ampliando la plataforma.”
En su participación consideró que los Tratados Internacionales son instrumentos de apoyo […] en el ámbito judicial, en todo el sistema tanto de impartición como administración de justicia, lo que se tiene que visualizar en primer término es el principio pro-persona.”
Perspectiva de género: ya existen fiscalías especializadas
Ambos representantes señalaron que están implementando medidas con perspectiva de género, aunque en el caso del Poder Judicial, según lo expuesto por la Mtra. Cano Hernández, está en proceso.
Juan José señaló que ya existen fiscalías especializadas para atender delitos sexuales. Compartió los protocolos generales que siguen, para su atención, sin ahondar en los casos en los que prevalece la violencia institucional. Señaló, que prevalece la atención inmediata a la victima del delito: “actualmente lo estamos actualizando con la Red Feminista, con la que se trabaja de manera activa, para que los peritos y policías atiendan estas líneas en coordinación.”
Finalmente, Juan José Olea consideró, empero, que lo fundamental es “recuperar la confianza de la ciudadanía quintanarroense, en coordinación con el poder judicial, ejecutivo y de los legislativos.”
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