En lo que va de noviembre se han registrado alrededor de 50 ataques con armas de alto calibre, hacia Magdalena Aldama, en Chiapas, perpetradas por un grupo armado de Santa Martha Chenalhó. La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente tres mil personas de las comunidades Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y Xuxch’en, por lo que piden acciones urgentes para que cese el fuego y los ataques. Desde octubre, pobladores de Aldama lanzaron un comunicado para denunciar la situación.
“De lo que va del mes de octubre, estas agresiones continúan a diario aun habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser que es una guerra que nadie hace caso”.Afirman que esos ataques han sido hacia casas particulares y hacia las personas. “Han sido ataques directos hacia las casas en donde hay […] plomos, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala, trabajadores del camino, albañiles de la construcción de viviendas, contratistas, ingenieros y del propio recorrido interinstitucional han sido atacados por estos grupos armados”. A consecuencia de las intensas agresiones en las comunidades de Tabac y Coco’, “los trabajadores de 2 kilómetros de camino abandonaron el trabajo, porque no hay condiciones en donde la vida e integridad física de los mismos están en riesgo”. Los pobladores exigen un alto a la violencia. Critican que las autoridades han hecho caso omiso para resolver no sólo los ataques actuales, sino el conflicto agrario y territorial que deviene desde la década de los 70, cuando 60 hectáreas, que le pertenecían a Santa María Magdalena Aldama, fueron entregadas a Santa Martha Chenalhó. En distintos períodos se han dado acuerdos que no han sido respetados, por ejemplo, en 1997 Santa Martha exigió la devolución de 30 hectáreas. En el año 2009 el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor de 115 comuneros de Aldama. La problemática se recrudeció desde 2016 por el despojo de las tierras durante en el gobierno de Manuel Velazco Cuello.
“Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados con armas de fuego y fueron refugiados en diferentes comunidades del municipio de Aldama”, afirman comuneros y pobladores.Además denunciaron que la detención arbitraria de Cristóbal Sántiz Jiménez, actualmente privado de su libertad en el CERESO Nº 5 en San Cristóbal, responde a un motivo político y de escarnio, ya que es uno de los representantes de los 115 comuneros afectados y desplazados por este conflicto en Aldama. Es así que las comunidades afectadas en Adama exhortan a que se cumplan y apliquen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) en su resolución No. 284-18, a favor de familias indígenas de 12 comunidades de Aldama. Organizaciones civiles, como el FrayBa, también manifestaron su preocupación por la violencia y se sumaron a la exigencia para detenerla. También denunciaron la simulación de los gobiernos estatal y federal que no han resuelto la grave situación.
“Nosotros solo queremos vivir en tranquilidad y en paz para poder trabajar nuestras tierras […] Exigimos la solución inmediata de las 60 hectáreas en disputa, ya que nosotros como pueblo de Magdalena Aldama ya dimos nuestra voluntad con la repartición de nuestras tierras, pero hasta la fecha no ha habido ningún avance, en donde los tres niveles de gobierno sólo manipularon la información y administraron el conflicto, que hasta la fecha no hay ningún avance”, concluyó la Voz del Pueblo de Magdalena Aldama.