La farsa de la “Verdad Histórica” sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país, con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado.
Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Tlatlaya, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes o para ocultar la negligencia del Gobierno en turno, todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles.
Esta es una de esas, las otras mentiras históricas:
Masacre en el Tec de Monterrey.
Monterrey, Nuevo León, 19 de marzo del 2010…
A las pocas horas de los hechos ocurridos en el Tec de Monterrey, el gobierno de Felipe Calderón echó a andar toda su maquinaria de mentiras para eludir responsabilidades.
Y para ello contó con la complicidad de medios de comunicación. Fue así que la nota principal en diversos periódicos alinearon sus versiones y dijeron que dos presuntos sicarios habían sido abatidos en un enfrentamiento con el Ejército, luego de decenas de narcobloqueos en Monterrey.
La verdad histórica del entonces presidente Felipe Calderón, y que respaldó el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue que los estudiantes fallecidos “eran dos criminales que murieron en un enfrentamiento con militares. Iban armados hasta los dientes”.
“Incluso nos dijeron ahí en el Tec, pero no se preocupen señores, no son ellos porque a los que mataron iban armados hasta los dientes. Qué justicia porque ni siquiera una mochila traían, porque habían dejado su mochila en el laboratorio donde ellos estaban trabajando”, comentó Rosa Elvia Alonso, madre de Jorge Antonio Mercado.
Un par de días bastaron para echar por tierra la mentira. En realidad, se trataba de dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, quienes fueron asesinados por elementos del Ejército dentro de su propia escuela.
El entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, -quien por cierto en 2017 ya como exgobernador pisó la cárcel por un día, acusado de corrupción- se quiso deslindar diciendo que había sido la Fiscalía General de la República la que informó que los estudiantes del Tec que habían caído en un enfrentamiento, eran sicarios.
“No vamos a permitir que los delincuentes destruyan nuestra sociedad vamos a seguir enfrentándolos por dolorosa que sea la batalla. Reconocemos la labor del Ejército Mexicano y de la armada de México en esta crisis de seguridad nacional”, dijo en su momento Rodrigo Medina.
Eran las consecuencias de la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
“Él sabía que tenía el repudio generalizado entonces necesitaba él justificar su presidencia y lo que hizo es querer aparentar que la SSP, que era dirigida por un verdadero malandro, un malhechor como es Genaro García Luna, pero la guerra fue contra la población y parte de lo ocurrido en Villas de Salvárcar, en el Tec de Monterrey y otras salvajadas fue producto de este empoderamiento de las fuerzas armadas”, opinó Patricia Barba, analista y activista política.
En un principio, hasta la misma dirección de la propia institución había respaldado la mentira oficial. Pero la verdad salió pronto a la luz y el Tec tuvo que recular.
“En lo del Tec de Monterrey, el rector ofreció disculpas porque se fue con la versión de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León que decía que eran malhechores que eran delincuentes cuando se descubrió que eran estudiantes de excelencia en el Tec de Monterrey; la fiscalía le dijo a la familia que pretendían desechar el caso, pero la familia sigue luchando porque se haga justicia también en este caso”, añadió Patricia Barba.
Pese a ello, el gobierno de Calderón aún buscó tapar la verdad. La nueva mentira era que los estudiantes habían sido asesinados por delincuentes.
“Estos jóvenes fueron estaban en la línea de fuego en la que estaban nuestros propios miembros del ejército. Y todo indica, sobre todo por el calibre de las heridas que se pueden detectar en uno de ellos, que fueron lastimados o agredidos por los miembros de la delincuencia organizada”, dijo Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación (2008-2010).
Y agregó: “eso a mí me dice que nuestras Fuerzas Armadas actuaron con toda institucionalidad con todo profesionalismo”.
Lo que no dijo Gómez-Mont, entonces secretario de Gobernación, es que esa era la política de Felipe Calderón con su fallida y simulada “guerra contra el narcotráfico”.
“En esa orden de asesinar y matar fue para cualquier lugar, en cualquier parte del país y es por eso que los jóvenes del Tec de Monterrey fueron ejecutados y en esa descomposición del narco Estado policiaco militar, también está la masacre de Salvárcar y también tenemos una gran cantidad de personas que aún reclamando justicia para sus familiares asesinados en esta tercera o cuarta ola de defensores de derechos humanos”, dijo Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Luego de la masacre en el Tec, el repudio contra Felipe Calderón continuó años después.
En 2019 cuando ya no era presidente, tuvo que cancelar su participación en una conferencia en el Tec pues miles de firmas de la organización change.org exigían que no se presentara.
El documental “Hasta los dientes” de Alberto Arnaut describe los hechos dolorosos que lastimaron a dos familias y a toda una comunidad, y desmiente lo dicho por calderón en su libro “decisiones difíciles” donde aseguró que la criminalización de Jorge y Javier vino de parte de la fiscalía estatal y no de su gobierno.
“Tiene que entender el Estado mexicano que vivimos un periodo a partir de este siglo y un poco antes de este siglo donde hubo fabricación de culpables, montajes mediáticos, todo lo que tocaron ellos Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Murillo Karam y sus referentes en los estados está viciado de origen y debe ser resarcido por parte de jueces y magistrados”, expuso Adrián Ramírez.
Tuvieron que pasar 9 años y llegar un nuevo gobierno, para que se ofreciera una pública a nombre del Estado mexicano.
“Por la manipulación del lugar de los hechos; por haber modificado la posición de los cuerpos sin vida de los jóvenes Javier y Jorge y por colocarles armas sobre sus cuerpos”, expuso en su momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Y continuó: “les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”.
Hoy está demostrado que ni Jorge ni Javier eran criminales. Que no estaban armados hasta los dientes. Y que fueron alumnos de excelencia, asesinados por la política criminal de Felipe Calderón.