“Soy una madre que pide justicia, no tengo para pagar abogados. Ellos son la corrupción, porque en primera no imparten bien justicia, si no tienes dinero no hay justicia”, dijo Magdalena Gómez, habitante de la Ciudad de México.
Jueces y juezas son percibidos como los segundos más corruptos en México, sólo detrás del policía de tránsito.
En pleno 2023, hasta 67% de la población mexicana desconfía del Poder Judicial.
Las y los impartidores de justicia son vistos con sospecha desde hace años; por ejemplo, en 2015 la UNAM documentó que 50% de los y las mexicanas considera que si un juez o un magistrado actúa de manera indebida, no tendrá castigo.
Pero el principal problema que 70% de la población considera existe en las instituciones que imparten justicia, es la corrupción.
Corrupción que la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña Hernández, negó cuando compareció ante el Senado para ser ministra de la corte.
En ese entonces, varios senadores la cuestionaron, ella dijo no tener conocimiento de lo que millones han padecido en búsqueda de justicia.
“¿Hay corrupción o no en el poder judicial?”, cuestionó Armando Ríos Piter, exsenador.
“Si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo en lo personal, no he tenido conocimiento de corrupción en el Poder Judicial Federal”, dijo Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.
Con datos, el entonces senador la desmintió.
“Respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México, han tenido que pagar un soborno 55% de las personas encuestadas, han tenido que pagar un soborno, Segundo el 80% de las personas, considera que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto” informó Armando Ríos Piter, exsenador.
En México no se confía en los impartidores de justicia, la ciudadanía los calificó con 5.1. Es decir: reprobados.
Pero ¿de qué hablamos al referirnos al Poder Judicial?.
Se conforma por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, tribunales de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Surgió en 1994 con el objetivo de incrementar la eficacia, pero ¿ha cumplido?. Por los datos que se tienen, no.
Hasta 2022, en el país 4 de cada 10 personas que estaban encarceladas no se les había dictado sentencia.
Ejemplos como esto, muestran el retraso que algunos denunciaron durante el paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial.
“Pues que no hay servicio, ya se está volviendo costumbre. Siempre que nos dan la información, los acuerdos, hay una leyenda que ponen: que por la carga de trabajo están atrasados”, agregó.
Otro dato para mostrar la ineficacia del Poder Judicial, es que el Consejo de la Judicatura Federal registró en 15 años solamente 38 sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada.
Una ineficacia que la propia ministra presidenta encabezó cuando fue responsable de un tribunal colegiado.
“En comparación con otros tribunales colegiados de circuito, el décimo cuarto en el que estuvo usted antes, es el que más tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo, el número más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días. No solo fue el menos eficiente fue el más ineficiente”, declaró Armando Ríos Piter, exsenador.
En este contexto de brindar una justicia inmediata a la población, la burocracia del Poder Judicial para 2023 recibió un presupuesto de 77 mil 544 millones de pesos.
Presupuesto que se distribuyó de la siguiente manera para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación poco más de 2 mil 980 millones, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue superior a 5 mil 630 millones y para el Consejo de la Judicatura Federal, 68 mil 933 millones de pesos.
Recursos que en gran parte se destinarán para pagar sueldos de personal que en 11 años creció en 62%.
El mayor crecimiento burocrático fue en el Consejo de la Judicatura.
Pues en 2015 laboraban ahí 37 mil personas mientras que para 2022 ya eran 49 mil trabajadores.
Pero muchos de esos empleados obtuvieron su puesto por nepotismo, sus redes familiares que los llevaron a obtener su trabajo.
Cómo reveló el exconsejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada en su “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal.
Por ejemplo, en los 32 circuitos judiciales existen registro de las relaciones familiares, pero el caso extremo es en Colima, en el que el 66% de los puestos los ocupan familiares.
En Chihuahua el 53% de los puestos se reparten entre familiares o en Sonora el 47 por ciento de las plazas son ocupadas por parientes de altos funcionarios.
Según exconsejero Felipe Borrego Estrada, el nepotismo solo es posible porque en el caso de los nombramientos de funcionarios de los órganos jurisdiccionales, corresponde únicamente a jueces y magistrados que integran a sus familiares.
Además del nepotismo, en el Consejo de la Judicatura se registran salarios más altos que el que obtiene el presidente de la república.
El consejero Alejandro Sergio González Bernabé recibe un sueldo de 147 mil 408 pesos mensuales, además goza de aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, pago por riesgo, prima quinquenal, además de la seguridad social, tiene un seguro de retiro, de gastos médicos mayores, de vida institucional y de separación.
Otras prestaciones son apoyo para anteojos, gastos funerarios, incapacidad médica, estímulo por antigüedad, por jubilación pago de defunción, estímulo por el día del padre y por si fuera poco la licencia de prejubilatoria.
Otro ejemplo de los mismos beneficios son los del juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro que gana 134 mil 100 pesos al mes también goza de los mismos beneficios.
Justo este impartidor de justicia es el que se ha caracterizado por sus fallos en contra de diversas políticas del Gobierno Federal, por ejemplo suspendió la multa de casi 10 mil millones de pesos a la empresa Iberdrola, que le había sido impuesta por presuntamente vender electricidad de forma ilegal.