En México aun existe, aseguran especialistas, una visión punitivista que impide transitar a la justicia restaurativa.
Diego ha tenido que sortear el dolor de perder a su madre, por una negligencia médica. Ha enfrentado la inacción de las autoridades y confrontado la impunidad, desde hace siete años.
En el 2015 se empezó a sentir mal mi mamá de dolor de pecho y la llevamos al médico, al Seguro Social y por un mal diagnostico murió mi mamá”, Diego Muñoz Lesser, habitante de Baja California.
Luchó para que su caso llegara a la Comisión Nacional de los Derechos Humano y fue hasta 2019 cuando lo logró.
Para que nosotros viéramos que se hizo justicia con mi mamá, tardamos cinco años y medio”, Diego Muñoz Lesser, habitante de Baja California.
Sólo entonces Diego, sus hermanos y sobrinos pudieron acceder a la justicia restaurativa.
Es la justicia que se encarga de que las víctimas tengan, en la medida de lo posible, la calidad de vida antes de un hecho revictimizante o de un delito”, Francisco Hernández Salcedo, presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas.
Como parte de las medidas del acuerdo reparatorio al que la familia Muñoz Lesser pudo acceder, se encuentran:
- Apoyo psicológico y tanatológico.
- Medidas de no repetición encaminadas a servidores públicos del IMSS.
- Compensación para la familia.
- Pero las autoridades no han cumplido.
El IMSS no se ha pronunciado, MP no se ha pronunciado y la CNDH dio la pura recomendación”, Diego Muñoz Lesser, habitante de Baja California.
A esto se enfrentan miles de personas que han sido víctimas de negligencia médica y también aquellas que han sufrido algún delito de alto impacto, como el homicidio, secuestro, trata de personas, entre otros.
“Cuando alguna cláusula de algún acuerdo reparatorio no se cumple, no puede cerrarse el proceso”, Violeta Maltos, directora general del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho.
Pero, ¿por qué es tan complicado para las víctimas acceder a la justicia?
“Los principales obstáculos sí tienen que ver con impunidad y corrupción pero el problema real es la falta de un mecanismo eficiente para proveer este derecho a la población”, comentó Francisco Hernández Salcedo, presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas.
“Muchos de estos delitos se cometen dentro del fuero estatal y deben de dar respuesta dentro del fuero estatal. Lamentablemente cuando la CEAV tiene conocimiento de una recomendación por la CNDH ya las víctimas pasaron por un viacrucis en el que las instituciones no dieron respuesta de manera asertiva”, Yuriria Rodríguez Estrada, titular Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.