México ocupa los primeros lugares en acoso escolar en educación básica (primaria y secundaria), desde 2011, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Hasta 2019, nuestro país ocupó el primer lugar en acoso escolar en educación básica: ocho de cada 10 niños y niñas fueron víctimas de bullying. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 80% de esos casos no se reportan.
El pasado 13 de marzo, Norma Lizbeth Ramos, una adolescente de 14 años, murió a causa de un trauma craneoencefálico debido a los golpes que recibió durante una pelea que tuvo con una compañera de clase, en la escuela Secundaria Número 518 anexa a la normal de Teotihuacán, Estado de México.
El caso conmovió debido a que, según declaraciones de Alma Delia Ramos, hermana de Norma, la directora y profesores estaban enterados del acoso que sufría la estudiante, pero no atendieron su denuncia. La adolescente, con quien sostuvo la pelea Norma, fue detenida en su vivienda ubicada en la comunidad de Santa María Cozotlán, en el municipio de Teotihuacán. Fue vinculada a proceso, señalada por el delito de homicidio calificado.
Pero el caso de Norma se ha repetido antes, como una constante que sólo al ser mediatizado adquiere visibilidad, pero que ocurre de forma cotidiana en las escuelas mexicanas.
Cabe recordar que el año pasado, Juan Pablo, un niño de origen otomí (Hñähñü) fue agredido por sus compañeros, quienes le rociaron de alcohol y le prendieron fuego en la telesecundaria ‘Josefa Vergara’, ubicada en Querétaro. Y antes se han documentado otros casos asociados a bullying y acoso escolar.
¿Y los protocolos?
En 2017, se activó el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) cuyo antecedente es el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE).
Hasta ese 2017, según la página del PNCE, 21 mil escuelas de primero a sexto de primaria estaban bajo ese programa y estimaba que al Ciclo Escolar 2018-2019 llegaría a 80 mil escuelas en todo el país, y se extendería a preescolar y secundaria.
El objetivo de ese programa era favorecer ambientes de convivencia escolar armónica y pacífica para prevenir situaciones de acoso escolar y así mejorar el aprovechamiento escolar.
Derivado de ese programa se cuenta con Protocolos para la prevención, detección y actualización en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, del subsistema educativo estatal.
En el caso del Estado de México, por ejemplo, lugar en donde ocurrió el caso de Norma, el último Protocolo, con fecha de 2018, señala una serie de pasos en donde resalta que padres y madres de familia deben conocer el protocolo y que autoridades deben informar. Se hace hincapié en el buzón de denuncia y de informes.
Además de que señala que autoridades deben conocer el marco normativo internacional y nacional, como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA).
No obstante, las cifras sobre acoso escolar continuaron. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2021), a nivel nacional, 30.7 mil personas de entre 10 y 17 años fueron víctimas de violencia física en la escuela en un año (10.1 mil mujeres y 20.6 mil hombres).
Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud, reportaron, en 2021, 61 personas de entre 1 y 17 años, atendidas en hospitales por violencia escolar:
- 77% (12 y 17 años)
- 18% (6 y 11 años)
- 9% (1 y 5 años)
Las entidades con mayores registros de violencia escolar en ese momento fueron Hidalgo (17), Estado de México (7) y Ciudad de México (6).
En lo que respecta a Estado de México, el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense (CACEM) de la Secretaría de Educación mexiquense, recibió 732 reportes de bullying en 2021 y entre los casos que se reportaron destacan conductas violentas, acoso escolar, violencia sexual, maltrato escolar y violencia laboral.
Incentivar a la denuncia
Según la CNDH, en su Guía para docentes, alumnado, familia y comunidad escolar [link] señala que las escuelas deben contar con un buzón escolar que incentiva la denuncia de los estudiantes para comunicar si han sido víctimas o testigos de acoso escolar.
Además de que afirma que las autoridades escolares deben atender las denuncias y que las escuelas deben contar con protocolos especiales para prevenir y atender los casos de acoso escolar que puedan presentarse.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en sus criterios, que la omisión por parte de las autoridades escolares es causa de responsabilidad civil; ello sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales que, en su caso, puedan corresponderles”, se lee en el tríptico.
Sin embargo, la responsabilidad se asume como forma punitiva y no como un problema sistemático y estructural, de corresponsabilidad también en el sistema educativo y no sólo un problema al interior de las familias. Y es que alrededor de ellas suceden muchas otras violencias que asolan a infancias y adolescencias.
Ante ese panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya se establecen que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos que garantice el respeto a su dignidad humana y que fortalezca el respeto a los derechos humanos, según el Artículo 57.
Y serán las autoridades quienes lleven a cabo las acciones para generar ambientes libres de violencia en las escuelas.
Por esa razón, Redim hace énfasis en una praxis educativa enfocada en la prevención y en la cultura de paz y en la atención por parte de autoridades. La organización dijo que se deben promover materiales de prevención de este tipo de violencia.