El presidente López Obrador reveló un posible nexo entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, y el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy sentenciado en Estados Unidos por corrupción, Genaro García Luna.
Dio a conocer que llegaron a sus manos, a través de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana, documentos que demuestran que Sonia Vargas Terrero, quien fue directora de Recursos Materiales en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna, fue contratada por la ministra presidenta de la Corte.
Vale decir que Sonia Vargas está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción.
“Fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna, y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron’’, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con un documento presentado por el Presidente, la ministra Piña contrató a Vargas Terrero, como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a partir del 1 de abril de 2023, sin embargo, en el portal de transparencia, se encontró otro contrato donde se menciona que labora en el Consejo de la Judicatura desde el 1 de enero pasado.
A esa irregularidad, se le suma que dentro de la investigación contra García Luna se detectó una trama de corrupción, en la que dos dependencias federales firmaron 10 contratos con empresas involucradas con el llamado super policía, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. de esos 10 contratos, en al menos cuatro.
Aparece la firma de Sonia Vargas
En primer lugar, se trata de tres contratos signados entre el 17 de febrero y 2 de marzo de 2009 con la empresa Nice Systems LTD para la instalación de sistemas de rastreo y localización, por un monto total de 69 millones 100 mil dólares.
Mientras que el cuarto contrato se celebró con la empresa Nunvav Inc, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el 28 de abril de 2011, por un monto de 2 millones 500 mil dólares.
“Desde siempre la gente nos informa por eso yo digo, para que queremos espionaje si tenemos inteligencia, millones de mexicanos, que apoya, respalda esta transformación’’, agregó el Titular del Ejecutivo.
Ante estos hechos, el presidente López Obrador criticó al Consejo de la Judicatura Federal, porque en teoría es el órgano encargado de vigilar el actuar de los jueces y magistrados. pero este caso, en el que está involucrada la ministra Piña, no actúa y hace oídos sordos.
El Consejo de la Judicatura, al que calificó como un florero y un adorno, debería, dijo el Presidente, investigar por qué se contrató a una persona acusada por contratos ilegales en la red de corrupción de García Luna.