La Suprema Corte de Justicia publicó el informe de la gestión de Norma Piña Hernández correspondiente al periodo enero de 2023-agosto de 2025.
Una de las revelaciones del documento es que en este periodo se integraron 293 expedientes por presuntos actos de corrupción al interior del máximo tribunal.
Pero se impusieron sólo 36 sanciones administrativas. De ese universo, 11 personas servidoras públicas fueron consideradas responsables de las faltas administrativas, pero de manera inexplicable, lo dice el documento de Piña Hernández, “la autoridad resolutora se abstuvo de imponer sanción“.
Ahora hagamos un zoom en el tipo de sanciones que se impusieron.
Entre enero de 2023, cuando Piña asumió la presidencia de la Corte y hasta agosto de 2025, cuando finaliza su gestión, el mayor número de sanciones, en total nueve fueron amonestaciones privadas, es decir apercibimientos persona a persona.
El resto, siete se trataron de inhabilitaciones, seis amonestaciones públicas, hubo cuatro suspensiones, tres sanciones económicas, tres apercibimientos públicos, dos apercibimientos privados y sólo dos destituciones.
Si, 293 expedientes por presuntos actos de corrupción y sólo dos destituciones.
En contraparte, la Corte permitió recuperar un millón 686 mil pesos derivado de pagos indebidos, incumplimientos contractuales y penalizaciones.
La violencia sexual y el acoso sexual y laboral se mencionan en dos párrafos del informe de 563 páginas, dos anexos y ausente autocrítica.
En 34 asuntos se decretaron medidas cautelares que se estimaron justificadas. Aunque no se especifica la sanción.
Uno de los casos es el de Ricardo, ex colaborador de la ministra Norma Piña, detenido en octubre de 2024, por elementos de la Fiscalía capitalina, acusado de abuso sexual agravado en contra de una trabajadora de la Corte.
El tema ausente en el informe es el nepotismo, uno de los sellos del Poder Judicial durante la presidencia de Piña al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura federal.
En 2024, por ejemplo, 16 mil 639 trabajadores del Poder Judicial tenían al menos un familiar en órganos jurisdiccionales.
Casi cuatro de cada 10, y aunque las sesiones de pleno concluyeron.
Aún falta por definirse una serie de pendientes que esperan respuesta.