Integrantes y representantes de diversos movimientos sociales en Sonora dieron a conocer una serie de demandas y exigencias hacia los gobiernos Federal y Estatal, entre ellas, que Claudia Pavlovich, exgobernadora de la entidad, no sea designada cónsul de México en Barcelona, España, y que sea investigada por corrupción, negligencia y omisión de funciones.
A lo largo de tres días, en la ciudad de Hermosillo, se dieron cita representantes e integrantes de diversos movimientos sociales en la entidad con la finalidad de compartir, discutir y reflexionar sobre sus luchas en el Encuentro de Movimientos Sociales de Sonora, organizado por la recién creada Fundación El Bajío.
Este evento reunió a defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos, así como a representantes del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas-Derechos Humanos (ONU-DH) y periodistas, en un evento que tuvo por conclusión la presentación de un documento con las demandas de estos movimientos.
Entre las múltiples exigencias que se redactaron resaltó que Pavlovich no sea titular consular de México en España, ya que todos los movimientos coincidieron que durante su administración como gobernadora de la entidad hubo complicidad y corrupción de sus funciones.
🟡 #EnDirecto | Finaliza el Encuentro de Movimientos Sociales en Sonora con exigencias a autoridades estatales y federales.#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/4w3p0ESOvN
— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) March 27, 2022
El pasado 17 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 15 nombramientos para diferentes representaciones de México en el exterior, entre los que destacó el de Claudia Pavlovich, quien ejerció la gubernatura desde 2015 hasta el año pasado.
El nombramiento fue respaldado por el Ejecutivo Federal, luego de una denuncia que realizó el Partido de Acción Nacional (PAN) por el presunto desvío de ocho mil millones de pesos, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo resaltó un punto importante: este encuentro dio como resultado la creación del Frente Amplio de Movimientos Sociales y Pueblos Originarios de Sonora (Frente Sonora).
Entre otras exigencias de los movimientos sociales resaltaron quejas, principalmente por Madres Buscadoras de la entidad hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que piden reemplazo de su actual titular, “por una persona reconocida y postulada por las mismas víctimas, además que sean estas las convocadas y que sus propuestas sean vinculantes”, señala el documento.
El colectivo liderado por Cecilia Flores denunciaron asedio por parte de grupos del crimen organizado y exigieron un alto a la criminalización de su trabajo, para continuar con la búsqueda de sus hijos e hijas. Hasta la actualidad han localizado alrededor de 680 cuerpos y 700 personas con vida; demandaron que gobierno estatal realice pruebas de ADN de 803 cuerpos que están en fosas comunes.
En el tema medioambiental, exigieron la remediación integral y garantía de no repetición ante Semarnat, Profepa, Secretaría de Salud, Conagua y Secretaria de Economía, en el caso de la contaminación del río Sonora. Así como la cancelación de concesiones mineras que, señalaron, han sido otorgadas violando el Convenio 169 de la OIT, relacionadas con violaciones a derechos humanos, ecocidios y delitos contra pueblos indígenas.
Pidieron el cese de violencia en contra de defensores (as) de derechos humanos y periodistas. Sobresalió también el grito unánime de justicia por el caso de la Guardería ABC, en el que hasta hora prevalece la impunidad.
Los 17 firmantes exigen “acceso real a la justicia, sentencias claras y ejecutables”.
De El Bajío a la multiplicidad de luchas
El evento conjugó la heterogeneidad de los movimientos sociales de la entidad: un crisol de intereses y demandas distintas que se conjugaron en la exigencia para el resarcimiento de daños, de reconocimiento y sobretodo de visibilidad y atención por parte de las autoridades en los tres niveles de Gobierno, para acceder a la justicia.
Y es que pese a divergencias comparten la característica de habitar la segunda entidad con mayor extensión territorial de México, reconocido también por ser una de los estados con mayores concesiones mineras.
Fue así que en el evento se presentaron conflictos derivados de esta actividad extractiva.
Los casos se inauguraron con la presentación de la lucha de Ejido El Bajío, quienes sostienen desde hace más de 10 años una lucha en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC propiedad de Alberto Baillères González (cuarto hombre más rico de país), quien falleció el pasado 2 de febrero, sin que se hayan ejecutado 67 sentencias que continúan pendientes, para que los ejidatarios obtengan justicia.
Otras luchas frente a minería
En la lucha medioambiental, junto a la del Ejido El Bajío, resaltaron las denuncias por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre por parte de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México SA de CV.
Representantes del Comité de Cuenca Sonora –organización ciudadana– denunciaron que a 7 años persiste la afectación ambiental y continúa como amenaza a la salud de los habitantes, por lo urgieron la reparación integral para acceder a la justicia.
El caso de la contaminación del Río Calabaza, en ejido Turicachi, también por Grupo México SA DE CV no ha sido atendido pese a la denuncia de los habitantes y ejidatarios afectados, tal como compartieron ejidatarios.
Las luchas sociales sonorenses
En las luchas sindicales, representantes de los Trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana expusieron que desde hace casi 15 años, buscan el reconocimiento de la huelga que iniciaron contra Grupo México SA de CV, luego de la violación al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); su demanda refiere al aumento salarial, el cumplimiento de prestaciones y mejores condiciones de seguridad e higiene.
Jesús Verdugo, presidente del Comité de Huelga de la Sección 65, expresó orgullo al compartir la representación del secretario general –también senador– Napoleón Gómez Urrutia, sin embargo los ánimos se encresparon al ser cuestionado por el defensor de derechos humanos y teólogo de la liberación, Fray Raúl Luis Vera, por los antecedentes de Urrutia relacionados con presuntos desvío de dinero del sindicato, enriquecimiento ilícito y vínculo con el narcotráfico.
El defensor reconoció que el movimiento de los trabajadores ‘va mucho más allá’ de simplificar la resistencia a la figura de un líder sindical con tales antecedentes. Los trabajadores abandonaron con explícita molestia el salón del Hotel Colonial; no obstante, fueron firmantes del documento presentado en unanimidad con los otros movimientos sociales.
En las mesas no faltaron los conflictos de las poblaciones indígenas de Sonora. La Gran Nación Yaqui y representantes relataron la resistencia ante la división y violencia que han impactado al interior de los ocho pueblos. También denunciaron el caso de Fidencio Aldama –defensor del territorio indígena Yaqui y preso político desde 2016– y los desaparecidos en dicho territorio.
Otro pueblo originario que mantiene una lucha histórica, por la identidad y las afectaciones de la división política, es el pueblo Tohono O’Otham, tal como compartió Gerardo Pasos, autoridad tradicional.
El evento concluyó con la presentación en prensa de las demandas de los movimientos que resaltaron la exigencia de que las autoridades establezcan mesas de diálogos con las comunidades y las personas afectadas:
“tal como lo establece el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos estatales y federales; que los y las tomadoras de decisiones se presenten en las comunidades y zonas con conflictos y que la recurrencia de su presencia en las mesas de negociaciones se establezca según las necesidades de casa caso y/o comunidad”.