Iguala de Independencia es un municipio de Guerrero, con la historia manchada de sangre y de violencia, desde el llamado “terrorismo de Estado” con el proceso contrainsurgente en la década de 1970, hasta la desaparición de 43 normalistas en manos de la policía municipal en 2014.
A casi siete años de ese crimen que marcó a México, el municipio sigue igual, los ataques contra la población persisten y cada vez son más crueles los mensajes que aterrorizan a los que se oponen al poder en turno. Este es el caso de Jonathan Cuevas, un periodista que ha sido desplazado desde hace un año por cubrir la violencia y las luchas de su tierra igualteca.
El día de hoy presentó más pruebas a la carpeta de investigación que tiene en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), que señalan que Daniel Estrada, administrador del mercado municipal, ofreció dinero para atentar al periodista.
25 mil pesos es lo que vale la vida de un periodista en Iguala, por eso quiero hacer públicas estás pruebas. Lo más grave es que esta situación alcanza al compañero Julio porque de acuerdo a estas pruebas él está en la misma situación debido a que esté funcionario dijo que le haría lo mismo después de mi”, comentó Jonathan a los medios de comunicación.
Casi dos años han pasado desde que las amenazas se hicieron inminentes contra Jonathan, pero también fueron otros nueve periodistas los que han sido desplazados del municipio en ese mismo tiempo. 99.13% de las agresiones contra periodistas permanecen en la impunidad, según el último informe de la organización Artículo 19.
México es el segundo país con mayor cantidad de periodistas asesinados durante el año 2020, según la organización Reporteros Sin Fronteras.
El 20 de octubre del año 2020 fue el último día que Jonathan pudo estar en su tierra. Las agresiones surgen a raíz de las coberturas críticas al Gobierno en turno. Desde 2019 comenzaron los acosos, recordó que en ese año replicaron sus cuentas personales de redes sociales y también las de la Agencia Periodística de Investigación de Iguala (API), donde él trabaja, y comenzaron a publicar información falseada.
“En la última amenaza fueron a mi casa y con algún objeto escribieron en la pintura de mi carro mi segundo nombre y lo tacharon. Eso me dio un mensaje y decidí salir de ahí”, explicó el periodista a Once Noticias.
En entrevista, comentó de amenazas previas que no sólo fueron de manera individual sino colectiva y aseguró que en su mayoría parten de las diferentes autoridades.
Asistió a la cobertura de una protesta en octubre de hace un año y por esa labor recibió amenazas de muerte, junto con otros seis compañeros de Iguala que estuvieron esa movilización.
“Tres meses antes de que saliera de Iguala habían asesinado a balazos al periodista Pablo Morrugaleses, un reportero que comprobó con testimonios y pruebas que Daniel Estrada, el mismo funcionario que ofreció dinero por mi muerte, acosaba a menores de edad a través de redes sociales. Por eso creo que también él debería ser investigado por la muerte de Pablo. Por eso decidí tomar mis precauciones. Salir de Iguala y hacerlo público, para decir que si algo me pasa se tienen que investigar a los funcionarios del ayuntamiento, porque son ellos quienes están detrás de esta situación”, expresó Jonathan a Once Noticias.
Así como Jonathan lo expresa, la labor periodística se enfrenta a la censura forzada, a la implantación del miedo y a protocolos de seguridad que limitan su ejercicio de libertad de expresión.
Quienes quisieron callarme en Iguala lo están logrando y no es porque yo quiera dejar de trabajar, pero no es lo mismo. Sigo con el medio pero ahora sólo verifico información y actualizó las redes sociales, antes iba a coberturas y estaba en el lugar de los hechos, pero esto cambió totalmente mi forma de trabajar. El mecanismo y la Fiscalía emiten medidas de seguridad, pero de alguna manera contribuyen a que dejemos de trabajar, porque según el mecanismo no puedo ir a Iguala, se supone que si yo tengo la necesidad de ir ellos tendrían que garantizar mi seguridad, pero lo que hacen es decirme que no vaya y que deje de publicar en mi agencia”, remarcó Jonathan.
Cuando sacaron al periodista de su tierra lo primero que le dijeron es que había un plan de retorno, pero a un año de distancia eso es incierto y a pesar de que ha insistido en regresar para atender su medio de comunicación, él ve muy lejana la posibilidad de llegar a Guerrero de forma segura.
Al finalizar una conferencia de prensa que presentó frente a las instalaciones del Mecanismo de Protección a Periodistas, exigió que el presidente municipal sea investigado por esos ataques a periodistas y si no es así que él investigue a funcionarios.
No puedo estar toda la vida así, no queremos estar como refugiados toda la vida. Nos han ignorado desde el gobierno municipal, estatal y federal y creo que debemos de exigir que se generen las condiciones para que podamos trabajar”, concluyó el periodista.