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Oaxaca, primer estado en avalar reforma sobre Fuerzas Armadas

Con 33 votos a favor, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la minuta de reforma para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028. 

Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fuerzas Armadas. 

Con 33 votos a favor, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la minuta de reforma para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028.  

El Pleno de la 65 Legislatura local avaló la minuta con proyecto de decreto del Congreso de la Unión por el que se modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019. 

Con ello, se avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028 en el país, con el fin de garantizar la pacificación de la República Mexicana. 

El cambio legislativo establece que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de Seguridad Pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Asimismo, el Congreso de Oaxaca avaló este jueves con 38 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Símbolos de las Entidades Federativas, con el propósito de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad local. 

Reforma sobre Fuerzas Armadas no es militarizar: AMLO al reconocer aval en Diputados 

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los legisladores que aprobaron que las Fuerzas Armadas se mantengan realizando labores de seguridad hasta 2028. 

“Ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca. No es militarizar. Que no quieran los autoritarios, ahora pasar como defensores de derechos humanos, ¿qué hicieron los conservadores con el Ejército? utilizarlo para reprimir”, declaró. 

En conferencia de prensa matutina, dijo que se debe apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que sus policías garanticen la seguridad pública. Ejemplificó con un caso entre la frontera de Veracruz y Puebla. 

“Encontramos el robo de unos tráileres con mercancía, en los límites de Veracruz con Puebla, esto incluso advertido por los mismos pobladores, se demuestra que quienes llevan a cabo estos robos son policías municipales, estatales, y ¿quiénes los detienen? La Guardia Nacional”, precisó López Obrador. 

Agregó que Adán Augusto López, como secretario de Gobernación, va informando en las entidades federativas la importancia de la ampliación del plazo. 

El mandatario criticó a los legisladores que se oponían a la reforma, porque, dijo, en administraciones anteriores hacían uso de las Fuerzas Armadas sin fundamento. 

“De manera ilegal utilizaban al Ejército para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos”, indicó. 

¿Qué establece el decreto?

En tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerza Armadas permanente en tareas de seguridad pública.

La participación de las Fuerzas Armadas deberá ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; regulada, para que cumpla con estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales.

Además, la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial.

Las acciones que lleve a cabo, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

El Ejecutivo Federal deberá presentar un informe cada seis meses al Congreso de la Unión, que permita evaluar los resultados en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En los siguientes dos meses de la entrada en vigor del decreto, se deberá integrar una Comisión Bicameral, que se reunirá cada que lo solicite su directiva y para la emisión del dictamen semestral, convocará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.

Mientras que gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas remitirán anualmente a las legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral.

A partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Además, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación.

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