Maru, como le dicen de cariño, es tímida. Estudió ingeniería mecánica. Oriunda de Veracruz, tiene 28 años y un hijo pequeño. Lo primero que atina a decir en conversación con Once Noticias es que tiene miedo. De vez en vez, su voz se corta y denota nerviosismo, aunque también sonríe ante algún relato cotidiano. Ella fue víctima de un intento de feminicidio.
Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar. Hasta enero de 2021, se registraron 291 víctimas a nivel nacional por este crimen; sin embargo, por cada 100 mil habitantes, la entidad ocupa el primer lugar con 1.26; en el país el índice es de 0.23. A finales del año pasado, se registraron más de 10 mil denuncias por este tipo de violencia.
El estado de Veracruz también ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidio, sólo después de Estado de México. Según datos del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUV), el año pasado se registraron 95 feminicidios, mientras que en 2019, la cifra fue de 61 y en 2018, 129.
En homicidio culposo, la entidad, ocupa el tercer lugar y el octavo lugar en violencia familiar a nivel nacional.
Según datos del OUV, el año pasado, la primera causa de muerte fue por arma de fuego, arma blanca y ‘no es especifica’. El principal espacio en el que se dan estos delitos es el privado y sus principales modalidades de la violencia son: doméstica, en la comunidad y feminicida. Además, se registró que los principales tipos de violencia doméstica que se ejerce en contra de las mujeres son violencia física y psicológica.
Tales cifras evidencian que la alerta por Violencia de Género contra las mujeres, por feminicidios, que se emitió el 23 de noviembre del 2016, ha sido insuficiente y no ha funcionado en Veracruz. A ello, se suma la prevalencia de la violencia institucional en la entidad, ya que en la práctica no se aplican los programas que se han instalado y además se obstaculizan los procedimientos para atender los delitos con perspectiva de género.
Más allá de las cifras sin nombres, Maru compartió en entrevista que ella conoció al padre de su hijo en la universidad.
Durante la relación fue una persona que me agredió psicológicamente. Durante mucho tiempo me amenazó para quitarme a mi hijo, por vía legal o ilegal. Eso no me dejaba terminar la relación. Cuando decidí divorciarme y pedí la patria potestad de mi hijo fui amenazada. Me dijo que su mamá era actuaria federal, que tenían un abogado chingón y que no íbamos a lograr nada contra él. El juicio continuó y al ver que no pudo hacer nada, intentó privarme de la vida”, narró.
Sobre su agresión, Maru dijo que el agresor la dejó grave: “estuve internada, a punto de morir. Me hizo lesiones, que si no intercede un tercero, me hubiera matado. Estuve muy grave. Esas lesiones me han dejado secuelas, ya que hubo afectaciones de órganos vitales y no he podido encontrar trabajo.”
Después de este evento, cuya historia es narrada con miedo, Maru obtuvo la pensión alimenticia de su hijo. Sin embargo, su esposo (cuyo nombre prefiere omitir por miedo a represalias) ha sido respaldado por su madre A.R.J, exactuaria del Juzgado Quinto, para que el agresor no enfrente la justicia por el intento de feminicidio, ni asuma las responsabilidades económicas que le corresponden.
Corrupción, influencias y nepotismo: obstáculos para obtener justicia
El agresor fue detenido en flagrancia. En la Fiscalía, su violencia fue categorizada como intento de feminicidio, no obstante, la parte demandada está buscando que se categorice como intento de homicidio. Al respecto, los abogados señalaron que eso implica una pena menor (7 años), mientras que por feminicidio la pena va de 20 a 40 años. Además, el agresor logró obtener arresto domiciliario. “Esto nos preocupa, porque la justicia es parcial en el caso”, señalaron los abogados de Maru.
Desde entonces el caso está cargado de irregularidades, debido a las influencias de A.R.J en las autoridades que son cercanas a ella.
El proceso de la patria potestad se llevó a cabo en el Juzgado Décimo, tal como señaló Maru y sus abogados. Sin embargo, denunciaron que:
“El juez es pareja sentimental de la abogada de mi contraparte; su asistente también es abogada de mi contraparte e hija del fiscal adscrita a mi caso. Este juez no pidió recusarse y solicitó la audiencia de menores de mi hijo con el agresor, sin tomar en cuenta su calidad de víctima indirecta. Solicitamos la recusa de este juez, ya que era notable la parcialidad que había”.
En el Juzgado Décimo Cuarto, el juez le negó una serie de derechos a Maru, por ejemplo, el oficio que garantizaba la pensión de su hijo y emitió una sentencia de cancelación de ésta. Asimismo, le prohibió presentar la pericial médica que constata las secuelas permanentes como producto del ataque. Además, se ha sentido revictimizada.
Cada vez que voy y estamos checando mi expediente, los secretarios y escribientes se paran o están dando rondines, para verificar qué estamos leyendo. En una ocasión a mi abogada le quitaron el INE y le pidieron su dirección.
¿Y las instituciones para proteger a Maru y a su hijo?
Han pasado cuatro años desde que Maru empezó con la pesadilla de enfrentarse con las instituciones. En este tiempo, han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero la han rechazado con el argumento de que no pueden intervenir en dicha jurisdicción. También ha presentado su caso en Ciudad de México, ante el Consejo de la Judicatura, “pero me dicen que debo resolverlo acá. Cómo puedo pedir ayuda si una de las abogadas de mi contraparte es sobrina de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia,” relata a Once Noticias.
Mi abogada ha hecho lo que está sus manos para buscar justicia. El problema es que no está litigando contra un abogado, sino contra el sistema, contra el poder judicial, porque las autoridades (la abogada, el fiscal, el juez, el secretario) han dicho que hay órdenes de ‘arriba’ de callar mi caso, para que no haya justicia.
Pese a la agresión, aún no existe una condena. El imputado tiene arraigo domiciliario sin ningún tipo de restricción. Además, Maru ha recibido amenazas por parte de A.R.J y ha sido acosada junto a su hijo, por conocidos del agresor. Los abogados que llevan el caso, también manifiestan consternación debido a que prevalece el nepotismo y la corrupción, ya que las autoridades involucradas son amigos y conocidos de la exfuncionaria.
Maru, antes y después
Al conversar sobre cómo era Maru antes de esa relación comentó que se consideraba ignorante en el tema de la violencia: “para mi la violencia era un golpe, no sabía de la violencia psicológica. Creía que si había celos era por amor. No me di cuenta de cómo fueron subiendo de tono las cosas. Mucho tiempo intenté salir de ahí. No conocía mis derechos.”
Compartió que antes “me gustaba mucho convivir y estar con mi familia, pero ahora no es tan fácil. De ser amigable y alegre terminé sintiéndome insegura de mi misma, terminé sola y con mucho miedo. Tengo miedo de acercarme a las personas. Durante la relación me creí muchas inseguridades, no eran mías, pero me las repetían hasta que me las creí.”
Considera que en la actualidad ha crecido mucho y con una sonrisa comparte que ya sabe diferenciar los tipos de violencia: “me conozco más y tengo más autoestima. Me cuesta mucho trabajar confiar en los demás. Me da miedo que me lastimen.”
Para su hijo, la situación tampoco ha sido fácil. Al respecto señala que: “al principio no entendía por qué no podía estar conmigo, cuando estuve en terapia intensiva. Creyó que yo estaba muerta. Cuando volvimos a estar juntos empezó a padecer ansiedad por separación. Tiene diferentes problemas: tiene un ligero tipo de autismo. Trabajo mucho con él. Lo llevo a sus terapias. Él también sufrió violencia por parte de su padre.”
¡Justicia!: Lo único que pide Maru
La principal preocupación para Maru y sus abogados, es el juicio penal, que se encuentra en pausa. Los abogados enfatizan que “el agresor se ha amparado para detener el procedimiento penal. Retrocedieron a la etapa intermedia y quieren detener que esta persona regrese a la cárcel. En la actualidad el hombre tiene prisión domiciliaria.”
Con voz pausada aunque firme, Maru pide justicia y una condena que se ajuste al delito. Hace un llamado al Poder Judicial para que su caso se juzgue de manera expedita y justa. Además exige que sea juzgado con perspectiva de género:
Ya ha pasado bastante tiempo. Tengo mucho miedo. Siento que estoy sentenciada a muerte por las amenazas que tengo.