Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa desde hace tres años y tres meses, presentó su renuncia en días pasados, así lo confirmó ese martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sí él va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal, vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, mencionó López Obrador.
Asimismo, el mandatario reiteró a los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que el Gobierno Federal seguirá abogando por la continuidad de la investigación y mencionó que su administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes, pero, aseguró, “estoy acostumbrado a resistir”.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las ordenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación”, destacó el representante del Ejecutivo Federal.
Filtración de informe del caso Ayotzinapa
El sábado, el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, condenó la filtración del informe que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario pidió que la FGR inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de lo que calificó como “grave filtración”.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, señaló Encinas vía Twitter.
La periodista Peniley Ramírez publicó un hilo en Twitter en el que compartió el documento de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa sin testar.
El testado de documentos para generar versiones públicas, es el acto de “ocultar” aquellos datos personales incluidos en el documento y que no deben ser divulgados al público en general.
“Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, aseguró Encinas vía Twitter.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reiteró que el caso Ayotzinapa aún está bajo a análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), expertos a quienes, aseguró, las familias han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia técnica independiente.
“Recordamos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, dijo en su comunicado el Centro ProDH.
Denuncia contra el juez Samuel Ventura Ramos
El viernes pasado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales -con sede en Matamoros, Tamaulipas- Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa.
Este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que Ventura Ramos suma 120 libertades absolutorias de personas presuntamente vinculadas al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“No es la primera vez que este juez comete estas sentencias absolutorias, en días pasados absolvió a José Luis Abarca”, declaró durante la conferencia matutina Ricardo Mejía.
Mediante una tarjeta informativa, se dio a conocer que las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la FGR para ingresar la citada denuncia.
En la denuncia se le señala al juez por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.
Hace unos días, dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que, desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo.
Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
En total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por Ventura Ramos a favor de los acusados. Sin embargo, estas personas no saldrán de los centros de reclusión, ya que existen otras causas penales que deben enfrentar.