La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades recientemente electas, de los tres niveles de gobierno, a adoptar una agenda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Asimismo, expuso que es necesario atender las recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre este tema, pues las víctimas demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse.
La ONU-DH aseveró que a siete años de la adopción de la Ley General, aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento, pues el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado.
Explicó que la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, siendo un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional.
“Si fuera necesario hacer una adecuación al ordenamiento legal vigente para materializar la expedición del Programa, la ONU-DH estaría dispuesta a acompañar dicho proceso”, informó la ONU-DH.
Pendientes contra la tortura son apremiantes: ONU
Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes, aseveró la ONU-DH.
Dijo que muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, y ése es uno de los pendientes, otro es que falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito.
Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito.
Asimismo, la ONU-DH también recuerda que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura.
La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas.
“Como consecuencia, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de todas las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación a las víctimas”, añadió.
La tortura en México es una práctica generalizada: víctimas