Tras la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados, del dictamen de ley que regulará la portación y consumo personal de la marihuana en el país, organizaciones civiles en favor de su legalización ven con buenos ojos que esta ley avance.
Sin embargo, aún existen vacíos legales, pues afirmaron que falta mucho por trabajar y mejorar para que esta ley beneficie los derechos de los consumidores.
Pues celebramos esa parte, pero también sabemos que le falta mucho, que tiene claroscuros, que es un poco limitado el dictamen que han mandado; está un poco fuera de realidad, mandan a hacer investigaciones otra vez, cuando la ciencia ya lo ha comprobado, en muchos países lo usan hasta de medicina social”, expresó Alfredo Neme Martínez, Consejo Cannabico Nacional.
Lo que vemos es que por un lado la regulación del mercado está orientada más al beneficio de grandes empresas y la parte de los derechos es la autogestión digamos del usuario con respecto a su forma de aprovisionamiento que es el cultivo sigue sumamente restringido, adicional a eso algo que no mandató la corte, por ejemplo, eliminar el delito de posesión simple que es un delito que sirve para la extorsión, que es un incentivo para la corrupción policiaca”, dijo Jorge Hernández Tinajero, Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis.
De acuerdo con los especialistas, en caso de que la ley sea aprobada por los diputados, será un paso enorme para el país, pues se creará un sistema cannábico legal y regulado, que debe de tomar en cuenta a las personas involucradas en el tema y a los usuarios, para que sea el inicio de acabar con el mercado ilegal.
Por más ley que haya, si no está hecha con la participación de los agentes que estamos verdaderamente involucrados, seguirá surgiendo y alentándose el narcotráfico y el mercado negro, entonces nosotros creemos que está ley le falta mucho, pero ya hay ley y nosotros quisiéramos meternos de lleno”, agregó Alfredo Neme.
El dictamen de esta ley será discutido y votado este miércoles por el Pleno de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado, pasaría al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y así los usuarios tendrían acceso al derecho del consumo lúdico.