Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y familiares de personas desaparecidas del estado de Guerrero realizaron una movilización que partió desde la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con destino al Congreso de aquella entidad para exigir la aprobación de la Ley local en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.
En entrevista con Once Noticias, Carlos David Molina Rodríguez, vocero del regional Colectivo Lupita Rodríguez Narciso, detalló que esta iniciativa surge como una necesidad de llenar vacíos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que entro en vigor el 16 de enero de 2018.
El portavoz detalló que, entre otros puntos, la iniciativa contempla que el comisionado responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda sea nombrado por un órgano integrado por familiares con personas desaparecidas.
“Se trata de un comité ciudadano para que nosotros podamos decidir quién sea el titular y que no sea por cuota política. Es decir, que llegue alguien que conozca del tema, que tenga una trayectoria limpia y que realmente nos dé los resultados que requerimos”, dijo.
Esta propuesta fechada el 4 de noviembre de 2022, fue enriquecida por colectivos de familiares de personas desaparecidas, consta de 128 artículos, entre los que se destacan temas como la búsqueda de personas o la creación de un Banco Estatal de Datos Forenses, que deberá estar a cargo de la Fiscalía General del Estado y tiene por objeto concentrar toda la información de que se disponga para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos en la materia., entre otros temas.
“Buscamos que sea una Ley hecha a la medida, nosotros nos apoyamos mucho en la iniciativa de Jalisco que sabemos, es la más actual, ahorita que hay y que está dando mejores resultados”, señalo Molina Rodríguez.
El activista agregó que por ahora la discusión de esta iniciativa permanece estancada y en manos de la Comisión de Derechos Humanos cuya titular es la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso.
“El 10 de noviembre es cuando está en el pleno -del Congreso- la iniciativa dándoles 30 días para que la revisen; sin embargo, ya paso el término para revisarla y hasta la fecha, no hay nada, no ha habido una presentación. Hemos buscado platicar con esta comisión del Congreso, pero no hemos tenido suerte”, indicó.
Por ello, dijo, siete organizaciones de familiares de personas desaparecidas impulsaron esta movilización para exigir la aprobación de esta propuesta.
Lo cierto es que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero citó a los manifestantes a para reunirse el pasado lunes 6 de marzo, pero la propuesta fue rechazada debido a que la marcha ya había sido organizada.
A esta marcha, a la que se sumaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) avanzo por Ciudad Judicial y bloqueo por espacio de varias horas los cuatro carriles de la Autopista del Sol, donde realizaron un primer mitin después realizó un plantón frente al Congreso del Estado.
Hasta el cierre de esta nota, los colectivos esperaban ser recibidos por legisladores del Congreso del Estado de Guerrero.