El informe “Situaciones de la desaparición de personas en Puebla” registra, desde el punto de vista de los familiares, el actuar de las autoridades estatales implicadas en la investigación y búsqueda de personas. De acuerdo con el reporte, familiares añaden como un problema la asistencia a las instituciones locales.
“A este sentir se acuñó el término de ‘burocratización del dolor’, entendida como prácticas de dilación, simulación y sustitución que desarrollan las instituciones como estrategias para ocultar la falta de resultados o la carencia de capacidades, lo que representa la constante revictimización de las familias en búsqueda”, se lee en el documento.Según el informe, el país atraviesa por una crisis de derechos humanos relacionada con la desaparición de personas. Puebla, indica el reporte, fue uno de los estados que más se resistió para que se cumpliera adecuadamente con marcos jurídicos.
“Hoy, se cuenta en la entidad con los marcos jurídicos cómo acuerdos internacionales, leyes protocolos y las instituciones necesarias tanto para la investigación de los delitos relacionados con la desaparición, como para la búsqueda de personas; lo que queda pendiente, es la forma en que dichas normas se aplican y dichas instituciones trabajan”.
Caso Juan de Dios Núñez Barojas
En la presentación del estudio estaba María Luisa Núñez, una mujer que buscaba a su hijo Juan de Dios Núñez Barojas, desaparecido el 28 de abril de 2017. María Luisa es la fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla que ha acompañado a las familias víctimas de este delito. Juan de Dios Núñez Barojas, Abraham Basurto Linares y Vicente Basurto Linares fueron los jóvenes reportados como desaparecidos desde hace cinco años. El pasado 18 de febrero los tres cuerpos fueron entregados a las familias. Sobre el informe, María Luisa mencionó que es el documento que muestra la antiley en la que las autoridades han transformado los procesos de búsqueda e investigación para encontrar a nuestros desaparecidos. “Se resaltan las responsabilidades estatales, sabemos que su responsabilidad es investigar y buscar, pero lo que vemos es un Estado ausente en todos estos años y sigue así porque no ha tomado su papel en esta situación”, dijo María Luisa. Expresó que siempre son familiares solidarios y buscadoras quienes se dedican a buscar.“En este documento se muestra como la burocracia es parte de nuestra revictimización en algo tan grave como la desaparición de las personas”.La desaparición, además de lastimar la dignidad de las personas, señala el informe, vulnera de manera múltiple y continúa los derechos humanos de la víctima. La ausencia de un ser querido transgrede el derecho a la justicia y a la verdad de las madres, padres, hijas, tías, abuelas y hermanas que emprenden la búsqueda de su familiar. Las familias señalan que se actúa como una estrategia contra la organización de víctimas.
Pensamos que no hacen su trabajo para mantenernos ocupadas en encontrar a nuestros desaparecidos, para que no demos lata”.“La desaparición nos rompe la vida, nos desploma y luego el impacto de la búsqueda es aquí donde al Estado le sale el ‘tiro por la culata’, porque nos damos cuenta del amor a nuestro ser querido y sale la mujer guerrera, luchadora, que ya no le tienen miedo a la vida ni a la muerte y mucho menos al sistema”, concluyó María Luisa.