Los llamados órganos autónomos podrían vivir sus últimos meses, tras décadas al servicio de intereses particulares y de legalizar el despojo a la nación, pues desde su origen los persigue un pasado turbio, como decisiones en favor de empresas trasnacionales, lujos y presuntos actos de corrupción.
Aunque su esencia es proporcionar información, ocultar datos es una práctica recurrente en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
La propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se puede reservar información por lapsos de cinco a 10 años, de dependencias públicas, si consideran que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional, daña la estabilidad del país o sea clasificada como confidencial, para proteger datos personales.
Ejemplos de ello es que de 2003 a 2022, este organismo recibió más de 2.8 millones de solicitudes de información, pero archivó casos que se consideraron “incómodos” para gobiernos pasados.
Durante varios años, el INAI mantuvo oculto el expediente Odebrecht, que derivó en el mayor escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), y que involucra a exfuncionarios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Fue una investigación internacional la que reveló en 2017 los sobornos millonarios que la empresa brasileña dio a funcionarios mexicanos entre 2006 y 2011 para obtener contratos de obras públicas. En este hecho también salió a la luz el nombre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El INAI también ha guardado silencio en casos graves, derivados de la fallida guerra contra el narcotráfico, desatada en el sexenio de Felipe Calderón o los contratos de la adquisición de programas de espionaje telefónico con Pegasus, firmados en la administración de Peña Nieto.
Pero hay otros organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que ahora amaga con revisar con lupa la adquisición de la marca de la Aerolínea Mexicana y plantas de generación eléctrica que pertenecían a Iberdrola.
Antes, la Cofece se opuso al rescate de la industria eléctrica, al argumentar riesgos de afectación a consumidores y a empresas particulares.
Casi una docena de órganos autónomos han incurrido en prácticas en detrimento de la nación.
Además del INAI y la Cofece también destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Hidrocarburos.
Su desaparición, como lo plantea el Ejecutivo Federal significará ahorros millonarios al erario, presupuesto público que podría fondear el nuevo sistema de pensiones que propondrá el Presidente de México.