Los juzgados Primero y Segundo de Distrito administrativos especializados en Competencia Económica, concedieron este lunes las primeras seis suspensiones definitivas a igual número de empresas del sector, contra el decreto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), apenas el pasado 4 de mayo.
Los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, titulares del Primero y Segundo juzgados, respectivamente, concedieron las suspensiones definitivas a las empresas “Viga express”, “Grupo base energéticos”, “Pharaoh International Products”, “Antluc”, “Distribuidora de combustibles mil” y “Dalia Pilar Lamarque Picos”.
En la notificación de su resolución, el juez Rodrigo de la Peza sostuvo que las reformas aprobadas por la mayoría de la actual legislatura, generan un cambio “imprevisible” e “intempestivo” contra los inversionistas privados del sector.
Indicó que por ello existe la posibilidad de que la parte quejosa demuestre que la norma impugnada, es contraria a la Constitución y que Pemex recupere una posición de agente preponderante en el sector, sin ser un participante más del mercado, en de las empresas privadas involucradas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma.
El juez de la Peza recordó que en contraste, la reforma de 2013 en la materia buscó generar en los inversionistas privados un “estado de confianza legítima” para proyectos de largo plazo.
El juez Gómez Fierro coincidió con su par, al señalar que la nueva legislación podría abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la Reforma Energética, lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector.
Agregó que los artículos 57, así como el cuarto y sexto transitorios de la ley impugnada, además de generar incertidumbre en los permisionarios, podrían ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, reduciendo las condiciones de oferta.
Ello, advirtió, podría provocar el incremento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con el correspondiente impacto negativo para los consumidores finales.
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