Enrique Irazoque, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que en los casos de agresiones contras activistas y periodistas la impunidad es mayor al 90% y señaló que a 10 años de la creación del Mecanismo “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades”.
A través de un comunicado, el también titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob aseveró que la protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos es obligación del Estado y que los tres niveles de Gobierno “tienen obligaciones y responsabilidades específicas para atender el tema”.
La impunidad superior al 90% en los casos de agresiones es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos”, expuso Irazoque y detalló que de diciembre de 2018 a la fecha se tienen contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos.
Precisó que el 57% de las agresiones contra periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que el 64% de los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos se centra en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
El funcionario dijo que “de los homicidios registrados, sólo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo”.
Señaló que entre 40 y 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico “proviene de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”.
Recordó que a 10 años de la creación del Mecanismo “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió en la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.