Detrás de muros, cada indígena encarcelado de manera injusta representa racismo judicial y pone en duda el funcionamiento del sistema penal.
“La gran mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad que son indígenas no tienen interpretes traductores”, declaró el director de Asistencia Legal de los Derechos Humanos, José Luis Gutiérrez.
Luis Gutiérrez dijo que las personas indígenas son víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, fabricación de delitos y averiguaciones previas. Tienen condenas largas.
Ejemplo de ello, comentó, es Ana Lilia García, una mujer indígena, que salió al mercado, donde había una riña entre dos hombres, uno mató al otro, y ella fue culpada por el delito al encontrarse en el lugar.
Ana Lilia está enfrentando una sentencia de más de 33 años de prisión. Ante esta realidad, organismos civiles investigan cada casa, en un intento por lograr la liberación de las personas indígenas culpadas injustamente. Otro caso más es el de Antonio Cristino, hombre indígena, quien fue detenido en el 2000 y sentenciado a 32 años por homicidio.
“Antonio manejaba un camión, manejaba un transporte de su comunidad a otra comunidad en la cabecera municipal, se identifica que hay un doble asesinato, lo culpan a él. En este país nadie está de acuerdo con los desaparecidos, con los feminicidios, pero tienen que abordarse, uno de los canales que ha encontrado la sociedad es protestar porque no les hacen caso”, detalló Luis Gutiérrez.
La abogada de origen amuzgo Kenia Hernández Montalván recibió amenazas de muerte de grupos criminales, por ello fue incorporada al Mecanismo de Protección a Defensoras de Derechos, en septiembre de 2019. Un año después, fue llevada a prisión por la justicia del Estado de México, luego de protestar en una caseta de cobro en la carretera Toluca-Valle Bravo.
Su abogado Antonio Lara relató que en el Estado de México a Kenia le fabricaron el delito de robo.
“En el Estado de México el ataque a la vía de comunicación es un delito no grave, si la hubieran acusado sólo de ataque a la vía de comunicación Kenia no tendría que estar en la cárcel, pero ahí es donde entramos a la lógica de la fabricación del delito”, explicó.
Kenia es madre de dos niños de cinco y nueve años. Considerada presa política en el Penal de Máxima Seguridad en Morelos, habló para Once Noticias:
“Le pido al gobierno actual, le pido a López Obrador que realmente haga caso de este llamado en el que le estoy pidiendo que haga justicia con mi caso”, externó.
De acuerdo con la asociación “Asi Legal”, actualmente unas 225 mil personas permanecen privadas de su libertad; de este universo, 33% son de origen indígena.