En el marco del proceso electoral que se llevó a cabo este fin de semana, en seis entidades del país, en Hidalgo, por primera vez, se llevó a cabo la votación anticipada de personas privadas de su libertad en cuatro centros penitenciarios, el pasado 16 de mayo, tal como registró el Observatorio Libres para Elegir y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social).
Estos centros de reinserción social (CERESOS) fueron: Pachuca, Tula de Allende, Tulancingo y Huasteca Hidalguense.
Se registró 89% de participación electoral de las personas privadas de su libertad que estaban en la lista nominal electoral.
De acuerdo a CEA Justicia Social, para estos comicios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo entregó una base de datos que aglomeró a mil 079 personas en prisión preventiva que podían votar.
Sin embargo, según lo expuso CEA justicia social, 140 personas podían ejercer su voto y de estas, 116 acudieron a votar (89%).
11% no pudieron votar, según la organización, porque “10 personas obtuvieron su libertad, tres recibieron sentencia ejecutoria y una persona no quiso votar“.
La organización social también señala que para que las personas emitieran un voto informado “la autoridad electoral retransmitió los debates que sostuvieron las personas aspirantes a gobernatura”.
Además, por primera vez, también participaron observadores (as) electorales y representantes de partidos políticos mediante sorteo, durante la jornada de votación, a diferencia de la elección federal de 2021, en la que no se les permitió su presencia.
En los resultados, que permanecieron en resguardo y cuyos paquetes fueron abiertos ayer para contabilizar los votos, destacó que Morena lideró los resultados al obtener 50 de los votos, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 20 votos y Movimiento Ciudadano, que obtuvo 10.
Entre los requisitos que se requirieron para llevar a cabo de este proceso fue que las personas estuvieran inscritas en la lista nominal del estado, no tener suspendidos sus derechos político-electorales y manifestar su intención de votar.
Por todo esto, según lo expuesto por CEA Justicia Social, “es posible que se lleven a cabo los procesos electorales dentro de los centros penitenciarios, por lo que los derechos políticos de las personas en prisión preventiva se deben y se pueden garantizar”.
Enfatiza que este ejercicio electoral es clave para los procesos de inclusión.