Ante la desincorporación del Centro Federal de Reinserción Social, (Cefereso) número 2 occidente de Puente Grande, en Jalisco, del sistema penitenciario federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura, solicitó que se reconozcan plenamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que serán trasladadas, a fin de que puedan cumplir su pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio como lo marca la ley en la materia.
- En su solicitud dirigida al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, la CNDH también pide que se informe a las familias el día y la hora del traslado que se llevará a cabo de las personas privadas de la libertad, brindándoles información sobre el centro penitenciario al que será trasladado su familiar.
De igual forma, se solicitó que se notifique cada uno de los traslados dentro de las 24 horas posteriores a los jueces de ejecución para calificar su legalidad; además de que se comuniquen con las personas defensoras legales o familiares de dichos traslados. En el caso de personas en prisión preventiva, se solicita garantizar que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal, y que se respete la integridad física de las personas trasladadas y se eviten conductas que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales.
- Asimismo, solicita que no trasladen en el mismo vehículo a grupos de mayor exposición a abusos o a personas que requieran medidas especiales o ajustes, como son personas con discapacidad, personas adultas mayores o con enfermedades crónicas; y que se garantice que las personas con alguna enfermedad contagiosa no ser transportadas con otras, para evitar su propagación.
El día 28 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se desincorpora del sistema penitenciario federal el Cefereso número 2 “occidente”, suscrito por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazno Montaño.