El pueblo de Magdalena Aldama, en Chiapas, se pronunció en contra del ataque armado a Javier Hernández de la Torre, indígena tsotsil de 32 años, quien forma parte de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y quien fue herido por una bala cuando se dirigía a su parcela en compañía de su familia, rumbo a Xuxch’en. El ataque ocurrió a las 8:01 de la mañana, del 9 de enero, en la comunidad de Tabac. Los disparos provinieron de T’elemax, un punto de ataque, perteneciente a Santa Martha Chenaló. La esposa e hijos de Hernández resultaron ilesos, aunque él permanece en el Hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal. Por esta situación, el pueblo de Aldama se manifestó en contra de este suceso, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa), quien manifestó su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama, por lo que exigen de manera enérgica un alto a la violencia. Además urgen al Estado mexicano para cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “porque los factores de riesgo que ponen en peligro la vida no cesan”, afirma la organización civil. Por su parte, el pueblo de Aldama dijo que este suceso no debió ocurrir, pero que la falta de actuación del gobierno, perpetúa estos ataques. Afirman que en días anteriores, desde el 5 de enero hasta el 7, estos grupos armados cruzaron los límites territoriales e ingresaron a Ch’ivit, por la noche, detonaron bombas y dañaron cafetales y plantas.
“No es el primer caso de que nuestros hermanos que les pasa también, si no está como el caso de nuestro hermano Domingo Santiz Jiménez ocurrido el 15 de septiembre de 2021 y así sucesivamente”, señalan.Además relatan que Aldama ha entregado 27 hectáreas de tierra, según los requisitos del Tribunal Agrario, y que Santa Martha no lo ha hecho.
“Mientras que esto no suceda el gobierno no ha cumplido su palabra, de nada han servido las firmas de convenios, esto sólo ha provocado que estos grupos civiles armados […] agarren más fuerza y nos sigan agrediendo y desplazándonos”.Por su lado, el Frayba afirma que el pasado 15 de diciembre de 2021, la CIDH manifestó su disposición para realizar una visita a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18). Las agresiones han continuado y suman, en las últimas 72 horas, 36 agresiones.