Comunidades oaxaqueñas del municipio de San Pedro Apóstol Ocotlán dieron a conocer los problemas ecológicos y sociales que ha ocasionado el proyecto minero “San José” de la empresa Cuzcatlán.
El 8 de octubre del 2018 ocurrió un derrame de materiales tóxicos en el río El Coyote, los cuales provenían de la minera subsidiaria de la candiense Fortuna Silver Mines. La empresa explicó lo sucedido así:
En una fuerte lluvia “el volumen de precipitación excedió la capacidad de bombeo de la pileta de colección de agua de la presa de jales secos (residuos tóxicos), lo que ocasionó el escurrimiento de agua de lluvia con sedimentos de jales acumulados en los canales de protección. El escurrimiento alcanzó los márgenes del arroyo denominado El Coyote”, anunció la minera en un comunicado.
A partir de ese día, la calidad del agua se convirtió en el principal problema de las comunidades que dependen del río. Los contaminantes llamados “jales mineros” son residuos químicos del proceso en el que extraen los metales de la tierra, los desechos van en una enorme presa que fue la que se desbordó sobre el río.
Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco; sin embargo, la afectación no solo pone en riesgo la continuidad de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios”
La discusión sobre si los “jales mineros” habían contaminado el suelo y el agua se polarizó.
Información de un grupo de periodistas muestra que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encontró plomo, aluminio y hierro por encima de los estándares para la calidad de agua.
De acuerdo con información periodística se elaboró un segundo estudio con laboratorios privados presentados por la propia minera, y de esos resultados, Conagua “dictaminó que el cauce del arroyo se encuentra libre de metales por encima de los límites permisibles”, se lee en un comunicado emitido por la empresa.
Los daños al medio ambiente son evidentes según describen recortes de prensa y el comunicado de las comunidades afectadas.
Un polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas. Peces muertos han sido encontrados en nuestros cuerpos de agua y la fauna ya no es tan rica y diversa como antes. El caso de mayor preocupación es el derrame de 1.5 millones de litros de desechos tóxicos al rio que ahora se ve como un lodo gris que recorre las comunidades”
Las autoridades agrarias señalaron que han tenido noticias de epidemias de hepatitis y casos de enfermedades respiratorias que surgen tras la contaminación de la actividad minera en sus comunidades. Exigen que las instancias federales hagan nuevas pruebas sobre la contaminación del agua y el suelo, también piden que se les entregue toda la información sobre el derrame de 2018 y una manifestación de impacto ambiental sobre el proyecto “San José II”.
Mientras los pueblos reclaman los derechos a la salud, al territorio, a los usos y costumbres y el derecho al agua, la minera argumenta que esas acusaciones “forman parte de una campaña de desprestigio organizada por un grupo de opositores a la actividad minera”.