Silvia Castillo llevó su dolor y búsqueda de justicia hasta la puerta trasera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En San Luis Potosí, en marzo de 2019, desapareció su hijo Alán Hernández.
Lo encontró muerto, fue golpeado y quemado lo peor es que los responsables podrían quedar en libertad.
Su historia es una más de miles que muestran la ineficiencia y corrupción del Poder Judicial y fiscalías estatales.
“Soy una madre que pide justicia, no tengo para pagar abogados, a los asesinos de Alan les quieren quitar la prisión preventiva oficiosa y si se las quitan no voy a alcanzar la justicia’’, dijo Silvia Castillo, madre de joven asesinado.
La lucha de Silvia lleva cuatro años enfrenta a las inercias de las autoridades del Poder Judicial y de la fiscalía estatal potosína primero, cuando su hijo desapareció no quisieron activar la alerta para iniciar la búsqueda, después para reconocer el cuerpo del joven
“Fui con el ministerio público, le dije por qué no le haces pruebas periciales a un cuerpo que está ahí, que más o menos coincide con el cuerpo de mi hijo, porque no hay reactivo’’, consideró Silvia Castillo, madre de joven asesinado.
Ante la ineficiencia de las autoridades, Silvia buscó a los presuntos asesinos materiales e intelectuales de su hijo, en redes sociales, en la calle y dio con tres de ellos, fueron detenidos.
Pero el juez Giovanni Efrén Camarillo liberó a uno, afirmando que no se integró adecuadamente la carpeta de investigación, sin embargo, la mujer combatió la decisión y logró que el acusado volviera a prisión.
En el proceso se enteró que se menciona a una cuarta persona, el identificado como “Vic” está encarcelado, pero no ha rendido declaración.
“Pero el Poder Judicial, ni los ministerios públicos ni los jueces, sacan a ese hombre a juicio, ahí en la pila, ahí lo tienen arrumbado al “Vic’’ desde 2019, pero no lo sacan a audiencia, porque la justicia cuesta’’, aseguró Silvia Castillo, madre de joven asesinado.
Silvia no dejó de gritar, personal de la Corte salió a escuchar su caso, pero ella exigía ser atendida por la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
Eso no sucedió.