En lo que se considera la primera demanda en su tipo de un Gobierno extranjero contra fabricantes de armas en Estados Unidos, México tiene claros los objetivos del litigio que interpuso el pasado 4 de agosto, con disposición incluso de llegar a la Corte Suprema estadounidense.
¿Nosotros qué quisiéramos?, que la industria de las armas de fuego fueran sensibles y dijeran: “¿qué podemos hacer para evitar lo que nos están diciendo?” y entonces disminuir el tráfico ilícito, cosas sencillas, como sus anuncios, como evitar que una arma de un solo tiro se vuelva automática, eso es lo que esperaríamos, ahora, estamos preparados para llegar a la Suprema Corte, sin problemas”, comentó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE.
En entrevista con Once Noticias el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que ante la relevancia del caso, la corte de Boston, Massachusetts, ante la cual se presentó la acción legal, adoptó una decisión atípica.
Se le asignó al juez titular del distrito, al chief judge, al juez en jefe; eso significa que el juez en jefe valoró la importancia y trascendencia de esta demanda, explicó Celorio.
Alejandro Celorio indicó que ahora habrá una valoración del juez, considerando tres elementos.
Que no sea frívola, valorará que no es maliciosa, es decir, que estamos buscando una compensación justa y hará una evaluación sobre las inmunidades que pudiera tener la industria del comercio de armas”, definió.
Una vez que haga la valoración, el Gobierno mexicano estima que aceptará la demanda y será en 2022 cuando comience el juicio, en el que se apelará a un concepto jurídico estadounidense.
Estamos señalando que su daño es tan grande, hay un concepto que se llama molestia pública, eso lo recogemos de las demandas contra tabacaleras o contra contaminación transfonteriza, el problema es tan grande que me causas un problema muy grande”, comentó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE.
En el litigio, el Gobierno mexicano estará representado por Jonathan Lowy, abogado principal de la Organización Brady para el Control de Armas y de Steve Shadowen, especialista en demandas en responsabilidad civil. Ya anticipan que los fabricantes de armas apelen a una ley de inmunidad para evitar el juicio.
No es territorio estadounidense, el daño es en México, por tanto: sí aceptamos hay una ley que otorga inmunidades, pero eso no significa que sean inmunes a una acción legal del Gobierno de México”, explicó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE.
“La inmunidad no les alcanza”, refirió.
Para elaborar la demanda, se revisaron otros litigios en la materia, como el tiroteo de 2019 en Gilroy, California, en el cual un juez autorizó demandar a Century Arms y otro caso más contra la empresa Remington.
En tres casos distintos; uno de ellos es la demanda contra Remington en el caso de Sandy Hook, Sandy Hook Connecticut, es el kinder garden donde entró el tipo contra una ametralladora y mató a chiquitos”, señaló Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE.
Y aunque el litigante considera que la industria estadounidense buscará ejercer su inmunidad, ya se estudiaron las excepciones que la ley contempla; por ejemplo: la negligencia en las actividades comerciales, cuando se usa publicidad falsa, lo que viola leyes estatales y la extraterritorialidad, es decir, que los asesinatos con armas estadounidenses suceden en México por lo cual la ley que rige, es la ley donde ocurre el daño.
Aquí lo que tenemos que acreditar es que hay prácticas negligentes. Eso facilita el tráfico ilícito, ese es el vínculo y ya el arma en México pues no llegan aquí a coleccionistas, llega para la comisión ilícitos”, explicó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE.
Mañana, en una nota de seguimiento de Once Noticias, el consultor jurídico de la SRE, explicará el tipo de armas que las empresas producen específicamente para actividades vinculadas al crimen organizado.
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