El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, informó que se han presentado ante las autoridades correspondientes 53 expedientes, 29 de los cuales son de exservidores y servidores públicos, así como de proveedores del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por presuntos manejos irregulares.
En respuesta a reporteros, al término de su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Senado, dijo que la dependencia participó en el grupo de trabajo que permitió identificar irregularidades en Segalmex, lo que se hizo saber en su momento.
Prueba de ello, afirmó, “es que nosotros hemos venido pidiendo que se ejecuten ya las acciones penales para las personas que han cometido ese ilícito“.
Villalobos Arámbula comentó que el expediente sigue en proceso.
“Son 53 personas las que están en investigación por el fraude en Segalmex en el que se malversaron 950 millones de pesos” , dijo el titular de Sader.
En su comparecencia Villalobos Arámbula, informó también que se han interpuesto 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 29 exservidores públicos y 24 personas jurídicas, por los presuntos manejos irregulares en Seguridad Alimentaria Mexicana.
En enero de este año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó realizar una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la FGR.
En atención a lo anterior, el secretario de Agricultura, como cabeza de sector, para garantizar la legalidad y transparencia de los procedimientos jurídicos, tomó la decisión de separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias.
En abril de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra René “G”, exservidor público de Seguridad Alimentaria Mexicana, quien en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles.
Todo esto, con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una casa de bolsa.
De acuerdo con las investigaciones, la autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el estatuto orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados.
De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública federal.
El 19 de abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado como el nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), constituido por Diconsa y Liconsa.
Cota Montaño se desempeñaba hasta ese momento como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).