Dejar en libertad o proteger a presuntos delincuentes o agresores de mujeres, no son hechos aislados en el Poder Judicial. Jueces y magistrados actúan sin rendirle cuentas a nadie de sus decisiones, ni tener que explicarlas en términos jurídicos.
Y para ello, cuentan con la casi nula vigilancia del Consejo de la Judicatura, órgano que en teoría tiene el deber y la obligación de vigilar la conducta de los jueces en el país. Esta entidad, que actualmente preside la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña, tampoco ha atendido las quejas y demandas de muchas y muy diversas víctimas afectadas por decisiones judiciales.
Tampoco ha importado que desde el Gobierno Federal se hayan señalado estos fallos de jueces y magistrados que lejos de impartir justicia, emiten sentencias que además de generar polémica agravian a la sociedad.
Dejan en libertad presuntos delincuentes
Tan sólo el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer en febrero de este año, que, de 2021 a febrero pasado, diversos jueces y agentes del Ministerio Público, han dejado en libertad a por lo menos 140 presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Muchos de ellos detenidos en operativos y acusados de narcotráfico.
A la fecha, no ha habido una sola respuesta sobre esta denuncia ni de la SCNJ, ni del Consejo de la Judicatura (CJ).
Algunos casos nunca llegan a ser públicos, otros han generado notoriedad y cuestionamientos al Poder Judicial.
Casos que han propiciado polémica pública
Tenemos la decisión del juez, Daniel Ramírez Peña, quien determinó no vincular a proceso a José Bernabé alías “La Vaca”, líder del cartel independiente de Colima, pese a que fue detenido en flagrancia con armas y drogas, en agosto de 2022.
Otro caso es el de José Alfredo “El Contador,” líder del Cartel del Golfo, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control en el primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria, que no lo vinculó a proceso, aunque fue arrestado nuevamente en febrero de 2022.
También ese año se informó de la detención Rafael “N”, alías “El Fantasma”, presunto secuestrador y señalado como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, cuando se puso a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, éste decide no vincularlo a proceso bajo el argumento que las cuentas donde le depositaron las víctimas no estaban a su nombre.
En otro caso, el juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima determinó la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘El Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, pese a que estaba sano.
De acuerdo con el Gobierno Federal existen casos donde un mismo juez de manera reiterada benefició a delincuentes, por ejemplo, el juzgador, Marco Antonio Ordorica, del juzgado segundo de lo Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo, que exoneró en diferentes procesos a presuntos secuestradores, peros sus resoluciones fueron revertidas por tribunales que pidieron se recapturarán a los delincuentes. solo que los señalados ya habían escapado.
La misma situación es la de la jueza, Viviana Judith Juárez Vázquez, en Baja California, a quien se le han presentado en tres ocasiones a diferentes personas que portaban armamento de uso exclusivo del Ejército.
La impartidora de justicia determinó que era ilegal la detención argumentando que no se justificó ¿cómo revisaban los vehículos? y finalmente, les concedió la libertad a los detenidos.
Uno de los casos más sonados de exfuncionarios, que a decir de las autoridades fueron beneficiados por jueces, es el de Luis Cárdenas Palomino a quien los impartidores de justicia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, ordenaron retirar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Otro caso, fue el del desbloqueo de cuentas de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Justo el día que su marido era declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Ciudad de México, presidido por Rolando González, ordenó liberar los recursos.
En 2020, dos jueces federales también ordenaron descongelar las cuentas del empresario, Kamel Nacif, y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalados de secuestrar y torturar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastia de la que formaban parte.
En otro caso, un secretario con funciones de juez en el Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México concedió una suspensión al exjefe delegacional de la Benito Juárez, Christian “N”, para que su caso por presunta corrupción no se difundiera.
De esta manera el juez prohibió a las autoridades exhibir videos o fotos del exfuncionario panista, al que se le vincula con el llamado Cartel Inmobiliario.
Otras personas que han sufrido las resoluciones judiciales son las propias víctimas, tal es el caso de la saxofonista, María Elena Ríos, de Oaxaca, quien fue agredida con ácido por su expareja, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.
Fue el juez Teódulo Pacheco, quien ordenó la liberación del agresor, al cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria.
Gracias a las denuncias de María Elena Ríos el Tribunal Superior de Justicia ordenó que el agresor permanezca en la cárcel.
Otro caso que derivó en el asesinato de una mujer fue el de Abril López, quien en abril de 2019 denunció que su marido Juan Carlos García intentó asesinarla, ante esto el juez, Federico Mosco, procesó al marido por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
El acusado permaneció en prisión, pero apeló y el mismo juez que lo vinculó a proceso reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, por lo que obtuvo su libertad y con ello buscó pelear la custodia de sus hijos.
Para noviembre de ese mismo 2019, Abril López, al salir de una audiencia por la pelea de la custodia de sus hijos fue asesinada, su exesposo Juan Carlos García fue considerado el principal sospechoso y actualmente se encuentra prófugo.
Estos son solo algunos ejemplos, pero no los únicos. La sociedad pide una verdadera justicia.