El incendio de la guardería ABC que costó la vida 49 niñas y niños, y que dejó con quemaduras permanentes a otros 106, es uno de los casos que ha provocado mayor indignación y el permanente reclamo de justicia por parte de las familias de las víctimas a casi 13 años de la tragedia.
La guardería ofrecía servicios subrogados a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Hermosillo, Sonora.
Al momento de la conflagración, Felipe Calderón Hinojosa era el Presidente de la República, el priista Eduardo Bours, gobernador de Sonora, y el presidente municipal de Hermosillo, el entonces también priista, Ernesto Gándara.
En un principio, de un total de 19 funcionarios involucrados, no había ninguna persona sujeta a proceso penal por el hecho, ya que todos habían sido exonerados, hasta que posteriormente por las presiones sociales se condenó 22 implicados.
La estancia infantil subrogada era manejada por una sociedad anónima constituida por los ciudadanos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar del entonces gobernador Bours y con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.
El mismo edificio de la guardería era compartido por una bodega de archivos del departamento de control vehicular de la secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, en la cual se resguardaban placas de vehículos y un archivo.
Al momento del incendio no contaba con extintores o alarmas contra incendio.
De acuerdo a la versión oficial, el incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 cuando las niñas y niños dormían la siesta y en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de la bodega que resguardaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos.
La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, así como la rapidez del incendio por los materiales inflamables con la que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia.
Ante la indignación general y la impunidad prevalecientes, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una prolongada discusión de tres sesiones, el entonces ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, presentó un proyecto de resolución en el que planteaba la responsabilidad y violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, por parte de todos los funcionarios y dueños de la guardería involucrados.
Durante los días 14, 15 y 16 de junio los entonces 11 ministros que integraban el pleno discutieron y debatieron la propuesta de sentencia presentada por su par, Zaldívar Lelo de Larrea.
El proyecto establecía la violación grave de los derechos del niño y su interés superior, del derecho a la protección de la vida e integridad física, del derecho a la seguridad social, y del derecho a la salud, por parte de diversos servidores públicos, entre ellos las autoridades del IMSS del Gobierno del estado y de Hermosillo.
Sin embargo, los ministros Sergio Salvador Aguirre, José Ramón Cossío y Luis María Aguilar, votaron en contra de la propuesta de sentencia de Arturo Zaldivar.
Entre otras cosas, argumentaron que con el proyecto de resolución, la Corte rebasaba sus facultades de órgano jurisdiccional e invadía competencias de las instituciones encargadas de investigar el caso.
Bajo este escenario, el ministro Zaldivar proponía que, “debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas”.
El proyecto de resolución fue rechazado por la mayoría del pleno.
Sin embargo, 11 años después, en otra sesión realizada el 26 de mayo de 2021, la primera sala del máximo tribunal, ya bajo la presidencia de Arturo Zaldívar, confirmó la responsabilidad penal de 19 personas y pidió imputar a tres más, por el incendio de la guardería ABC.
Se ordenó revisar las penas impuestas a los sentenciados para evitar su reducción, al resolver tres amparos en revisión. La primera sala recordó que los 22 imputados a la fecha por la tragedia están acusados del delito de homicidio y lesiones culposas, muchos de ellos en libertad condicional.