La
Red por los Derechos a la Infancia en México (Redim) sostiene que
prohibir los videojuegos o retirarlos no resuelven el problema, ya que la violencia es un problema estructural que debe resolver el Estado.
Enfatizó que los menores son víctimas permanentes de las desigualdades sociales y económicas, pero en especial de la
violencia generalizada y armada, por lo que son vulnerables a caer en
grupos delictivos.
Hace unos días se dio a conocer el rescate de tres niños, en Oaxaca, que fueron víctimas de un intento de reclutamiento, por parte del
crimen organizado para trabajar como “halcones” en Monterrey. Fueron contactados por medio del videojuego “
Free Fire“.
La Redim afirma que esos sucesos revelan “la diversidad de las operaciones delincuenciales hacia todo tipo de espacios de convivencia y socialización en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes”.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, alertó que los videojuegos como
“Free Fire”, “Call of Duty”, “Gears of War” y “Grand Theft Auto V” son utilizados como medios que utiliza el crimen organizado para reclutar a menores como “halcones”.
Redim exige que
se tipifique el reclutamiento, en todas sus modalidades, como delito. Además piden que se investigue y juzgue a quienes realizan estas prácticas que atentan contra las infancias.
Exhortan a que haya una
estrategia integral de atención y seguimiento particular a las acciones de prevención de la violencia, con un enfoque de derechos humanos que
evite criminalizar a niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias, quienes son las principales víctimas.
La organización advierte que en el contexto de pandemia aumentó la participación y socialización digital, por lo que “[videojuegos y plataformas digitales] son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones”.
Faltan cifras oficiales
Denuncian que se carecen de cifras oficiales que permitan dimensionar y poner en marcha
estrategias para prevenir que las infancias sean víctimas de estas redes.
En México, la población en riesgo de reclutamiento por parte de
grupos delictivos ascendió entre 145 mil y 250 mil niños, niñas y adolescentes, en 2020, de acuerdo con cifras de la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano.
Las entidades que concentran 41.5% de esta población en riesgo son:
Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla y Guanajuato. 
