Representantes de pueblos indígenas y organizaciones sociales, aglomerados en la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea), se manifestaron en la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir diálogo con su titular, Luisa María Alcalde, con la demanda principal de acelerar la aprobación de la reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos.
La concentración se realizó en las puertas de Segob, en donde se llevó a cabo una ceremonia, en la que se dispuso una ofrenda con flores y copal, para pedir permiso a los cuatro puntos cardinales, de acuerdo con la cosmovisión de distintos pueblos originarios.
Los manifestantes expresaron la urgencia para que se apruebe esta reforma dado que es un compromiso pendiente por parte del Estado mexicano desde la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraizar (firmados en 1996).
Los representantes de los pueblos señalaron que la iniciativa está congelada desde hace dos años en la Consejería Jurídica de Presidencia y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que atienda su petición, ya que el pasado 11 de julio, durante su conferencia matutina dijo que la retomaría.
La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
José Pablo Antonio, abogado mixe, recordó que esta iniciativa no ha tenido avances y que solicitaban atención por la secretaria de gobernación, dado que también es una de las entidades involucradas en dicha reforma a través de la Consejería Jurídica.
La iniciativa de Reforma fue entregada por autoridades de la Tribu Yaqui, en el año 2021, en Vicam, Sonora, al presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la petición de perdón por los agravios al pueblo yaquis y a otros pueblos originarios de México.
Fue firmada por más de 650 mil personas y fue elaborada por los pueblos indígenas.
Los manifestantes celebraron la reciente firma del ejecutivo, para proteger los lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas, sin embargo, dijeron que tiene mayor urgencia atender la aprobación de la reforma, porque los pueblos originarios continúan padeciendo por la violencia en sus territorios y violaciones hacia su autonomía.
Rómulo Victoriano, integrante indígena de Aldea, recordó que durante mucho tiempo los pueblos indígenas han sido usados como mercancía y propaganda cultural, como el caso de la Guelaguetza, pero que sólo los explotan con fines partidistas sin atender sus derechos y particularidades.
Por su parte, el abogado José Pablo Antonio dijo que un problema es la ausencia para reconocer a los pueblos como sujetos de derechos políticos y no desde una perspectiva asistencialista.
El abogado aprovechó para recordar que el 24 de agosto de 2021, entregaron al Congreso de Oaxaca una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 16 y artículo 20 de la Constitución local que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios. Pidieron a Salomón Jara, gobernador de la entidad, atender esa iniciativa
¿Qué cambios habría con la reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos?
La iniciativa plantea reformar 16 artículos de la Constitución Mexicana y retoma los compromisos pendientes asentados en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, entre el gobierno federal y el EZLN.
En esos acuerdos se exige reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución, su libre autodeterminación y diversos derechos como el de la consulta –también reconocida en el Convenio 169 de la OIT-, para sus territorios.
Josefina, originaria de los valles centrales de Oaxaca del municipio de Ocotlán, dijo que el impacto de la aprobación de esa reforma sería importante para las mujeres indígenas, porque también han quedado relegadas para el estado. Además tendría un impacto para proteger los territorios y el medio ambiente, porque reconoce los saberes que tienen las comunidades sobre ellos.
En el caso de la nueva Ley Minera, recodaron que uno de los desafíos sería armonizar esa ley con la reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que habría un desafío mayor.
El abogado mixe dijo a Once Noticias que una de los artículos que se contempla en la reforma es el segundo que tiene que ver no sólo con la consulta previa, libre e informada sino también con los derechos colectivos de las comunidades, para determinar el uso de los territorios.
Al acto en Segob acudieron integrantes de diversas comunidades de Chiapas, Oaxaca, de la huasteca potosina y representantes de diez organizaciones civiles.
Luego de finalizar la conferencia, una delegación de 10 representantes de ALDEA fue recibida por integrantes de la unidad de gobierno de Segob y por el CDPIN.
En la reunión las autoridades se comprometieron a revisar el estatus de la iniciativa en la Consejería Jurídica de Presidencia.