Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, informó que serán enviadas al Senado dos iniciativas de reforma para complementar y reglamentar de forma secundaria, la ya aprobada reforma al Poder Judicial, especialmente lo que respecta a la elección de miembros del Poder Judicial.
Se trata de las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMME), con el propósito de garantizar los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial:
- Legalidad
- Certeza
- Imparcialidad
- Objetividad
- Transparencia
Fechas importantes
Godoy recordó que el domingo 1 de junio de 2025 se elegirán a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como a jueces integrantes de Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y a personas magistradas y jueces de los poderes judiciales estatales.
“Estamos previendo para esta modificación un libro único para todo el tema de la elección de los juzgadores, están previstas todas las etapas del proceso”, detalló.
Recordó que será el Senado de la República quien emita la convocatoria general a los tres Poderes de la Unión para integrar los listados de las candidaturas.
“Los aspirantes podrán participar simultáneamente en dos o más convocatorias”, explicó la consejera jurídica.
Los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y remitidos al Senado de la República a más tardar el 1 de febrero de 2025. Las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto, estarán impedidas para hacerlo posteriormente.
La funcionaria recordó que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales, así como de distribuir y administrar el tiempo que corresponder al Estado en radio y televisión, organizar foros de debate y vigilar que ninguna candidatura reciba financiamiento público o privado durante su campaña.
