Luego del revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a la primera parte del llamado “Plan B” en materia electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario no claudicó y realizará un nuevo intento para que se lleve a cabo la reforma político-electoral, esta vez mediante el “Plan C”.
La resolución de las y los ministros se sustenta en que hubo violaciones suficientes al proceso legislativo para determinar la invalidez de los cambios aprobados por el Congreso en diciembre de 2022.
De manera genérica, el “Plan B” reestructuraba la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local.
Pero en particular fueron anuladas las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Qué dice el “Plan C”?
En la conferencia matutina del pasado martes, el presidente llamó a aplicar el “Plan C”, pero en el 2024, con miras a que su movimiento tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Ante la falta de mayoría calificada que le permita modificar la Constitución Política y por los reveses que la SCJN ha dado algunas de sus reformas prioritarias, el mandatario federal apuesta por que Morena no sólo gane la Presidencia, sino que consiga dos terceras partes de legisladores a fin de concretar los últimos cambios de su sexenio.
Y es que actualmente, quienes están por la transformación del país, señaló López Obrador, cuentan con mayoría en la Cámara de Diputados y Senado de la República, pero no es mayoría calificada.
“De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. Para poder reformar la Constitución se necesita 334; hay que ir por los 334 en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el ‘Plan C’”, enfatizó el primer mandatario.
En Cámara de Diputados el bloque mayoritario cuenta con 55% de los escaños, mientras que en el Senado tienen 59%.
Tres iniciativas más
Pese a que López Obrador concluirá su administración el 1 de octubre de 2024, un mes antes iniciará la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a la que adelantó que planea enviar tres reformas más.
Una de las iniciativas buscará formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que la SCJN declaró inconstitucional su traslado al Ejército.
Otro de los proyectos de reforma ocupa al Poder Judicial, al proponer que sean las y los ciudadanos quienes elijan a las y los ministros que integran la Corte, como lo establecía la Constitución liberal de 1857.
“¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial?, ¿por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, refirió el primer mandatario.