La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo democratizar y que sea eficiente a las instituciones que lo integran.
Su principal eje es permitir que sean los ciudadanos con voto directo, quienes elijan a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial –órgano que sustituiría al Consejo de la Judicatura- jueces y magistrados de distrito.
Serían electos mil 688 cargos, de los cuales, sólo 21 serían de carácter federal: nueve ministros de la SCJN, siete magistrados del TEPJF y cinco del Tribunal de Justicia Social.
La iniciativa plantea que las candidaturas para estos cargos sean propuestas de la siguiente manera:
- El Poder Ejecutivo planteará 10 candidaturas, el Legislativo cinco por cada cámara, Diputados y Senadores, y finalmente el Poder Judicial -a través del pleno de la Suprema Corte- propondrá hasta 10 candidaturas por mayoría de seis votos.
- Posteriormente, el Senado de la República verificaría que las candidaturas cumplan los requisitos por ley y el Instituto Nacional de Elecciones y consultas, INEC, organizaría la elección.
- Las reglas de la elección comprenden que, para esta votación, las candidaturas únicamente podrán tener un periodo de campaña de 60 días.
- No se permitirá el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo a favor de ninguna de las candidaturas.
Esta reforma plantea, además, una nueva integración de la Suprema Corte, al reducir de 11 a 9 el número de ministros; así como su encargo de 15 a 12 años.
En su conformación también se eliminan dos salas, que obligaría a que todas las sesiones sean públicas y discutidas en el Pleno.
Esta propuesta además contempla los principios de austeridad republicana en concordancia con lo establecido por la Constitución, con lo que las remuneraciones para sus servidores públicos no podrán exceder, sin excepción alguna, lo percibido por el Presidente de la República.
Elimina también las pensiones vitalicias para actuales y futuros ministros, que en algunos casos superan cuatro millones de pesos al año.
Y los fideicomisos que tiene el Poder Judicial se reintegran al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Todos estos lineamientos no afectarían los derechos y prestaciones de los trabajadores.
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