El exgobernador interino de Coahuila -de enero a diciembre de 2011- Jorge Torres López, fue sentenciado ayer en Texas, Estados Unidos, a tres años de prisión por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude.
Pero ¿Quién es este político de militancia priista que logró enquistarse desde 1994, en el servicio público durante casi cuatro administraciones en el estado de Coahuila, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hasta el de Felipe Calderón?
Jorge Juan Torres López se desempeñó en diversos cargos entre 2004 y 2011, como director general de Promoción y Desarrollo, secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, así como presidente municipal de Saltillo y gobernador estatal interino.
El 4 de enero de 2011, Torres López fue designado por el Congreso De Coahuila mandatario interino, para concluir el mandato constitucional que le tocaba a Humberto Moreira, en noviembre de ese año.
Prácticamente desde que concluyó su gestión, Torres López desapareció de la vida pública, al detectársele propiedades y operaciones bancarias irregulares en el extranjero.
A partir de 2012 vivió a ‘salto de mata’, evadiendo a la justicia estadounidense, luego de incurrir en faltas a la corte de ese país, denunciadas por la DEA, acusado de conspirar para ingresar a ese país recursos desviados del erario de Coahuila.
El gobernador que le precedió, Rubén Moreira, presentó en 2013 una denuncia de hechos en su contra como presunto responsable de manejos ilícitos, al transferir 2.8 millones de dólares a una cuenta en Las Bermudas.
Tras casi 8 años de prófugo, el 5 de febrero de 2019 elementos de la Agencia De Investigación Criminal detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, a Jorge Torres, en cumplimiento de una orden con fines de extradición a Estados Unidos, a donde fue enviado el 29 de octubre de ese año.
Ahí, Torres se declaró culpable de lavado de dinero y admitió que durante su mandato realizó transacciones para ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras en Coahuila.
Ahora, condenado a 36 meses en una prisión federal en Estados Unidos, se espera que una vez liberado, sea deportado a México.