El proceso para la elección del poder judicial avanza, así como la depuración de las personas que podrán participar, sin embargo, especialistas y abogados han señalado la importancia de conocer no solo sus credenciales, sino también sus antecedentes.
Con más de 30 mil candidaturas registradas y un filtro inicial que busca reducirlas, diversos actores han destacado la importancia de la transparencia y el escrutinio ciudadano en este ejercicio histórico.
Sin embargo, los panelistas expresaron preocupaciones sobre la influencia de intereses externos, incluidos poderes económicos y grupos delictivos, que podrían estar infiltrándose en el proceso.
En la Mesa de Análisis: “Poderes fácticos en la elección del Poder Judicial” que transmitió El Once, la magistrada Maribel Méndez de Lara expresó que es necesario que el país conozca las listas, pues, dijo, hay personas vinculadas a delitos, que han lesionado los derechos colectivos de la sociedad.
En ese mismo eje, coincidió Gilberto Molina, reportero de Once Noticias:
“Algunos de los candidatos que se han incluido ya en las listas para postularse a un cargo en el Poder Judicial, están acusados de tortura, de brindar falso testimonio ante las autoridades, además de obstruir investigaciones”.
En tanto, para el periodista Ernesto Núñez es importante que la elección de personas juzgadoras, que se realizará en junio de 2025, cuente con filtros para la selección de candidaturas.
“Los 3 Comités de Evaluación tienen que hacer una revisión profunda de las candidaturas del #PoderJudicial. La ciudadanía debe saber todo sobre el proceso”: @CerAleida, analista, en la mesa Poderes fácticos en la elección del Poder Judicial.#PoderesFácticos | #LoViEnElOnce pic.twitter.com/Kz2AZuHCmY
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El análisis también se centró en los nexos políticos y económicos de algunos candidatos.
Y es que, ejemplificó Ernesto Núñez, el panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular en el sexenio de Felipe Calderón, es uno de los personajes que perteneció al contrapeso de la reforma al Poder Judicial y que actualmente está suscrito a la elección.
Roberto Gil (@rgilzuarth)… ¿político o candidato al PJ, cuya reforma intentó dinamitar? El periodista @chamanesco analiza el contexto.
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Por otro lado, manifestaron que el proceso también ha evidenciado la intromisión de intereses económicos y criminales en el Poder Judicial.
Aleida Hernández recalcó que la independencia judicial no solo debe medirse respecto al poder político, sino también en relación con las presiones de actores privados y transnacionales.
Otros aspirantes en la mira
De acuerdo con Salvador Leyva, abogado defensor de los derechos humanos, entre las listas de aspirantes se encuentran tres personas implicadas en el caso Wallace: Abraham Pedraza Rodríguez, exsecretario de la ministra Norma Piña, así como Osvaldo Jiménez Juárez y Sara Irene Herrerías Guerra.
Pedraza decía ser sobrino de Isabel Miranda, sin embargo, se dio a conocer que en realidad está casado con su hermana, porque es su cuñado.
Salvador Leyva menciona que Jiménez Juárez es señalado como uno de los torturadores de Brenda Quevedo Cruz, una de las sobrevivientes de tortura sexual por parte de servidores públicos de las extintas Procuraduría General de la República (PGR).
El abogado señala que Sara Irene Herrerías Guerra ha obstruido las investigaciones hacia el caso de Brenda Quevedo por tortura.
Además, en las listas también aparece el nombre de David Cerda Zúñiga, acusado de mentir sobre su patrimonio cuando fungió como presidente del Poder Judicial de Tamaulipas.
Otro personaje postulado es Manuel Granados Covarrubias, ex consejero jurídico del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Granados fue investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por encabezar una presunta red de empresas fantasmas usadas para lavar más de 50 millones de pesos mediante factureras.
Daniela Pastrana, coordinadora de reportajes de Once Noticias, destacó que no solo hay este tipo de perfiles dentro de las listas, sino que también hay abogados democráticos, personas de colectivos de búsqueda que también están participando y que vale la pena que la gente los conozca.
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Con herramientas como la verificación de cédulas profesionales y la consulta a la FGR, se busca garantizar que los aspirantes cumplan con los requisitos legales y éticos. Sin embargo, también persisten riesgos de simulación y de mantener estructuras de poder tradicionales.
¿Cómo puede denunciar la ciudadanía?
La ciudadanía puede denunciar mediante el correo asesoriaeleccionpjf@senado.gob.mx a las o los participantes de la elección judicial, si es que tienen pruebas de algún delito.
Concluyeron que La participación ciudadana, informada por investigaciones periodísticas y académicas, será fundamental para asegurar que los intereses fácticos no dominen este proceso crucial para la justicia en México.