Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), desaparición de OPLE´s y tribunales electorales locales
La propuesta plantea transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), en el entendido de que sería el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal. Mantendría su independencia garantizando los principios rectores de la función electoral. Asimismo, el Consejo General de dicha entidad pasaría de estar integrado por 11 consejeros a siete, los cuales serían preseleccionados de listas con perfiles adecuados, propuestos por la Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal; y elegidos por voto popular, procedimiento que sería replicado para elegir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En entrevista para Once Noticias, Angélica Cazarín Martínez, doctora en Desarrollo Regional adscrita al Centro de Estudios Políticos y Sociales de El Colegio de Tlaxcala A.C. nos comenta que, “cuando abundamos respecto de la ampliación de atribuciones al convertir al INE en INEC como única entidad para organizar las elecciones en nuestro país, la cantidad de procesos que deberá atender son muchos más, por lo que no sólo se pondría en tela de juicio el costo, sino lo que significaría la propia desregulación de muchos de ellos”.
“Es necesario que los nombramientos de consejeros electorales no sea un reparto de cuotas entre partidos políticos, por la especialidad de las labores de un cargo de esta naturaleza, se requiere un expertis técnico específico, por lo que no parece que el voto popular sea el mecanismo más adecuado de elección de estos funcionarios”, comenta doctora Angélica Cazarín Martínez, COLTLAX.
Respecto de la desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE´s), pareciera una buena propuesta en tanto se eliminaría la duplicidad de funciones, dado que el INEC asumiría la organización de elecciones federales como locales y si bien la experiencia de los OPLE´s es basta, lo cierto es que, muchos de estos organismos se han transformado en los brazos operativos en materia electoral de los gobiernos en turno en los estados, siendo muchos de ellos cooptados, restringiendo su labor y su independencia.
En este contexto resulta interesante la propuesta de que sea el INEC a través de las Juntas locales los responsables de llevar a cabo las elecciones tanto federales como locales; sin embargo, ello requiere de una revisión prácticamente quirúrgica para no reiterar en errores del pasado. Lo mismo sucedería con la desaparición de los tribunales electorales locales.
Por lo anterior, es imperante una revisión detenida a cargo de expertos que resulte en un andamiaje institucional idóneo, eficaz y eficiente para consolidar la democracia mexicana, de no ser así, sólo se habría buscado lograr el fin sin detenerse en los medios.
Claramente los mexicanos estamos a favor de una democracia menos costosa, menos facciosa pero no menos eficiente, eficaz y transparente, lo cual debería ser efectivamente el objetivo principal de la propuesta de reforma.
Eliminación de diputaciones plurinominales
La Cámara baja en México se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país, llamados uninominales y 200 electos por el sistema de representación proporcional, conocidos como plurinominales o “pluris”.
Los 300 diputados de mayoría relativa son elegidos uno por cada distrito (en el país hay 300 distritos), mientras que los otros 200, los de representación proporcional o “pluris”, son elegidos por listas propuestas por los partidos políticos para las cinco circunscripciones electorales en las que está dividido el país.
La asignación de diputados plurinominales, toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica, por lo que todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean asignados diputados según el principio de representación proporcional.
El propósito de existencia de los diputados de representación proporcional es fundamentalmente proteger la representación electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.
Nos comenta la Doctora Angélica que, a lo largo del tiempo, podemos decir que se ha pervertido, estos espacios se han convertido en el enclave favorito de políticos de la élite partidista en el país que se mantiene incólume, beneficiándose del recurso público y atendiendo en muchas ocasiones a los intereses de grupo o de clase.
Hecho que se replica a nivel de los estados pues al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año, por lo que el pernicioso poder de grupo o de clase se mantiene en todos los estados del país.
“La propuesta no es de todo negativa, al igual que otros puntos de la reforma, este debe ser evaluado minuciosamente, pues se puede cometer un error más grave del que se pretende enmendar”, comenta doctora Angélica Cazarín Martínez, COLTLAX.
Actualmente se elige una diputación por cada 252,000 habitantes, la propuesta es que se elija a un representante por cada 420,000 habitantes, mientras que en el caso de senadores se pasaría de elegir a un senador por cada 984,375 habitantes a cada millón 312,500 habitantes.
La propuesta de reforma planteado por López Obrador, busca eliminar la geografía distrital y elegir a los diputados plurinominales a través de listas estatales, es decir pasar de 5 listas con 40 lugares a 32 listas, una por cada estado, restringiendo en algunos lugar a la participación de partidos grandes, bajo esta lógica, la propuesta no suena atractiva, lo interesante y mucho más equitativo sería en general disminuir tanto diputados de mayoría como de representación proporcional, integrando la cámara con un total de 300 diputados, 150 de mayoría y 150 de representación. Con ello se lograría una reducción sustancial y un equilibrio en la representación.
En cuanto a los congresos estatales se propone aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, no podrá exceder de 15 diputaciones, y por cada 500,000 habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados en total para la integración de los congresos. Esto parece interesante, aunque la revisión, insistimos, debe estar a cargo de expertos y lejos de la injerencia de los partidos políticos, en tanto puede resultar en una reforma a conveniencia sobre todo de los partidos con más peso en las cámaras.
Reducción a financiamiento público para partidos políticos.
El presidente alude a la indignación que significa para los mexicanos, en el contexto de un país pobre donde el dinero público que se destina a la operación del sistema electoral crece año con año y de manera exponencial, es decir se pasó en 1999 de un presupuesto de 13,400 millones de pesos a 68,300 millones de pesos en 2018, esto significando un crecimiento de 409% en menos de 20 años, por poner un ejemplo.
La propuesta de reforma política del 2022 plantea como uno de sus puntos más álgidos, la eliminación del financiamiento público ordinario a partidos políticos. Actualmente de los recursos públicos de la nación se destinan alrededor de 11,000 millones de pesos en subsidios para actividades ordinarias de los partidos políticos cada año, lo cual resulta en una cantidad, a decir del presidente, indignante en el contexto de un país con tantas necesidades y con poco más del 70% de su población en alguna modalidad de pobreza.
Es así que la reforma propone que los gastos ordinarios de los partidos se financien a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes, transformado a estas entidades políticas en sustentables a través de dichas aportaciones, con la característica de someterse a la fiscalización por parte del futuro INEC, además, dicha reforma plantea que sólo un rubro cubriría el recurso público, que es el gasto de campañas durante las contiendas electorales.
El tema central de discusión está en la posibilidad de un modelo de financiamiento mixto, entre recursos públicos y privados, lo que significaría tal vez emular el modelo de Estados Unidos; sin embargo, y tal como se observa en aquel país, los poderes fácticos suelen controlar el devenir de la política de aquella nación en función de los intereses económicos de estos grupos.
“En el caso mexicano no sólo se está exponiendo a que estos poderes fácticos dicten el devenir de la agenda nacional, sino que se está exponiendo al ingreso de recursos provenientes de la delincuencia organizada, que por decir lo menos, también tiene una agenda propia, financiando campañas e imponiendo candidatos a modo, este es uno de los grandes peligros de transformar el modelo de financiamiento sin evaluarlo con detenimiento de las ventajas, desventajas y previendo escenarios posibles en el contexto de la realidad mexicana ya de por si misa es compleja y polarizada”, comenta doctora Angélica Cazarín Martínez, COLTLAX..
Voto electrónico
El impacto de las nuevas tecnologías de la información en el mundo actual es indudable: la incursión del internet ha tenido tal nivel de impacto en la vida del ser humano que es imposible pensar en una realidad sin la existencia de estas nuevas tecnologías. El fenómeno sin duda ha trastocado la lógica de las formas de organización tradicional y en este contexto, la implementación de nuevos mecanismos tecnológicos para operacionalizar las elecciones del siglo XXI es ahora más que una novedad, una necesidad, circunstancia en la que no se puede subestimar la potencialidad de su uso con el propósito de consolidar una democracia para todos y todas.
El uso extensivo de las nuevas tecnologías ha inmerso a los ciudadanos del mundo a la importancia de los resultados inmediatos, contexto del que los procesos electorales no pueden abstraerse, la posibilidad de implementar instrumentos que eviten el fraude electoral y la posibilidad de error o manipulación de los resultados, siempre resulta atractiva para el ciudadano, y si a ello le sumamos la reducción sustancial en el uso de recursos públicos al sustituir el uso de urnas electrónicas en lugar de papelería electoral pues aún más. Bajo esta lógica, la implementación del voto electrónico para todos los niveles de elección en México resulta prioritario y sobre todo pertinente.
El Observatorio Electoral Latinoamericano define al voto electrónico como: “todos los actos electorales factibles de ser llevados a cabo apelando a la tecnología de la información. Estos incluyen el registro de los ciudadanos, la confección de mapas de los distritos electorales, la gerencia, administración y logística electoral, el ejercicio del voto en sí mismo, culminando con los escrutinios, la trasmisión de resultados y su certificación oficial”
La propuesta de reforma política del 2022 en México plantea efectivamente aprovechar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales, si bien ello significaría transformaciones al marco legal vigente a nivel nacional y local, experiencias como las de elecciones previas en Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, han evidenciado la viabilidad y pertinencia de su implementación en el país.
De entrada, los gastos de adquisición de las urnas electrónicas pueden ser relativamente elevados, en términos de costo beneficio, el resultado puede ser altamente positivo, dado que los resultados de su implementación redundarán en conteos más rápidos, confiables y precisos, alejándolos como se ha dicho, del error o manipulación humana.
A ello se debe agregar que el equipo tiene una utilidad de mediano y largo plazo, lo que reduce costo electoral en el futuro, dado que sólo deben atenderse actualizaciones mínimas de software y hardware, por lo que las urnas podrán ser operativas para varios procesos electorales. Asimismo, aporta confiabilidad al resultado, pues al ser este guardado en bases de datos electrónicas, es posible la verificación posterior contribuyendo a la certeza y transparencia de un resultado siempre en posibilidad de ser verificado.
“Al igual que el resto de propuestas de la reforma política, debe ser revisada y cuantificada con detenimiento, la implementación del voto electrónico en los procesos electorales en México sería, en caso de ser aprobada, un gran avance para modernizar el sistema electoral mexicano y en general de la democracia en nuestro país. Aspecto que en otros países ya nos llevan la delantera, por ejemplo, Brasil, por mencionar un país con características similares a México”, comenta doctora Angélica Cazarín Martínez, COLTLAX..
Angélica Cazarín es Doctora en Desarrollo Regional por El Colegio de Tlaxcala A.C., Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT. Nivel I, ha sido Presidenta de El Colegio de Tlaxcala A.C. (marzo 2019 a septiembre del 2021), Presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (2019-2021), Directora del Centro de Estudios Políticos y Sociales de El Colegio de Tlaxcala A.C., entre otros.