La organización
Brigada Callejera publicó el informe
“Indicadores de violencia de género en el mundo laboral de las trabajadoras sexuales en México” y describen 30 puntos que enfrentan las personas dedicadas al t
rabajo sexual en México.
Más de
45 trabajadoras migrantes, que han laborado en 14 entidades de la República, fueron entrevistadas para este documento donde se señalan las condiciones laborales, que promueven o ejercen situaciones de violencia de género hacia ellas. En el informe también se denuncian los sujetos sociales que las violentan.
La organización Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, considera que “no es posible derrotar las prácticas de violencia de género contra las trabajadoras sexuales sin la
organización autónoma y fuerte de las personas afectadas y tampoco sin el apoyo de otros sectores sociales solidarios”.
Apuntaron que son tres problemas estructurales los principales generadores de esta violencia:
control sanitario del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la pérdida de la patria potestad de sus hijas o hijos menores de 12 años y la prohibición del propio trabajo sexual.
En el documento se lee que los tipos de violencia por particulares o servidores públicos contra las trabajadoras sexuales en México son la violencia física, como
golpes provocados por policías en operativos de detención, lesiones intencionales provocadas en la revisión médica o las heridas provocadas por su pareja
sentimental o cliente, tales como fracturas, quemaduras, asfixias o envenenamiento.
La
violencia psicológica, se ve reflejada en el maltrato verbal, deshonra o menosprecio. También se lee que esta criminalización impide el acceso a su derecho a la familia.
Las negligencias se observan en la atención médica, amenazas de violación y humillaciones en los juzgados cívicos o por autoridades policíacas con la finalidad de obtener favores sexuales o con el propósito extorsionarlas y obligarlas a pagar por el espacio donde trabajan.
Desde la Brigada Callejera encontraron que
en 29 de 30 indicadores de violencia sobre condiciones laborales de las trabajadoras sexuales está presente, la económica.
“Se ejerce un control sobre las ganancias obtenidas por el cuerpo de las mujeres, afectando el bienestar de ellas y sus familias, que se ven impedidos de disfrutar de esos ingresos que les han sido restado a través de la corrupción imperante en el país”.
En 22 de los indicadores de
condiciones laborales que generan violencia hacia este oficio, encontraron que, “los responsables son los
servidores públicos dedicados a la salud, defensoría de niñas, niños y adolescentes, seguridad pública, impartición de justicia o la defensa de los derechos humanos”.
En seis indicadores están
involucrados medios informativos, vecinos, transportistas, iglesias y patrones con la complicidad de autoridades gubernamentales.
En otro indicador equivalente a un porcentaje mayor a 3%, se encontraron
grupos ortodoxos que no consideran a la prestación de servicios sexuales como
un trabajo con derecho a prestaciones sociales.
Otro indicador muestra que poco
más de 3% de la violencia entre trabajadoras sexuales, es producto de la
intromisión de autoridades, dueños de los negocios o presidencias municipales que administran zonas de tolerancia o el crimen organizado que se ostenta como Estado sustituto en el comercio sexual.
Concluyeron en el documento que “los diferentes indicadores de violencia de género en el mundo del trabajo sexual imponen condiciones determinadas para que las trabajadoras sexuales no puedan disfrutar de sus derechos”.
