Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en el sexenio de Peña Nieto, fue declarado culpable y deberá pasar 3 años en prisión por traficar con los perfiles genéticos de 49 mil personas desaparecidas.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que el exfuncionario utilizó información sensible y confidencial al entregar, en 2017, la base de datos en poder de la comisión nacional de búsqueda a la empresa privada “Central ADN” que luego usó para fines de lucro.
El juzgador argumentó que al dar acceso libre a los perfiles de ADN, el acusado violentó la ley y los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos.
Así, al adquirir el portafolio de material genético, la empresa “Central ADN”, con sede en Michoacán, lucró con el dolor de los familiares de las víctimas al ofrecerles identificar a sus desaparecidos. Claro, por medio del pago de las respectivas pruebas genéticas.
“No se vale jugar con gente que no está, y con nuestros perfiles genéticos. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de, yo siempre he dicho, de tesoros que andamos buscando”, indicó Rosalía Castro, familiar de desaparecido.
La esperanza de encontrar a un hijo, un hermano o un padre, orilló a diversas familias a pagar los servicios del laboratorio. Acusan fraude y simulación.
“En perjuicio total de las víctimas que tenemos personas desaparecidas, es un perjuicio total porque ya tenemos una duda de si los resultados que nos mostraron son correctos”, dijo Julio Sánchez, familiar de desaparecido.
Pero el laboratorio privado también se benefició con jugosos contratos firmados con gobiernos estatales, denunciaron colectivos de búsqueda de personas. El gobierno de Coahuila, señalaron, le entregó en 2016 más de 1.2 millones de pesos.
“Un contrato para que el laboratorio prestara sus servicios analizando restos humanos, huesos quemados. Hay una sociedad, hay hasta políticos metidos como socios de ese laboratorio”, añadió Julio Sánchez.
Familiares de las víctimas también exigen sanción para el laboratorio por hacer negocio a costa de los desaparecidos.