En México, se realizan anualmente 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, ante los casos de infertilidad que se presentan, por lo que es necesario hacer este tema materia de salubridad general, aseveró la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.
“La iniciativa que su servidora ha presentado, contempla de una forma integral la modernización y protección de los derechos de la mujer y de las parejas en esta materia”, expresó Sánchez Cordero.
Al participar en los diálogos parlamentarios “Reproducción asistida, visión de salud pública”, Sánchez Cordero dijo que la infertilidad es un problema que afecta a 80 millones de personas en todo el mundo, comparándose con la diabetes, por el número de personas que la padecen.
“En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que 17% de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad”, sostuvo la presidenta del Senado.
Asimismo, dijo que al menos 90% de los casos tienen solución, pero que es necesario tener la visión desde el estado de salud pública.
La senadora Sánchez Cordero presentó hace tres años y medio una iniciativa sobre la materia, la cual sigue su curso en el Congreso de la Unión.
Dicha iniciativa propone prisión de hasta 17 años a quienes practiquen la reproducción humana asistida de manera ilegal.
La propuesta que modifica la Ley General de Salud prevé una pena privativa de la libertad de 3 a 8 años a quien realice técnicas de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento y castigo a quienes promuevan o faciliten la obtención ilegal de embriones y gametos.
La senadora explicó que con estas modificaciones también se busca prohibir cualquier tipo de práctica eugenésica (buen nacimiento), clonación reproductiva, utilización de embriones con fines de experimentación, selección del sexo -salvo en casos para evitar una enfermedad hereditaria grave, vinculada al género-, así como la implantación de más de tres embriones.
En la iniciativa se establece que se sancionará a quién de manera ilegal, obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, gametos relativos en la reproducción asistida, embriones, cadáveres o fetos de seres humano.