Este viernes 8 de agosto, la comunidad nahua de Santa María Ostula presentó un amparo directo como último recurso legal para que les reconozcan más de mil 250 hectáreas que son propiedad comunal.
La comunidad nahua denunció que este juicio lleva dilatándose 20 años, por lo que este último recurso legal es decisivo para dar solución a una disputa que ha dejado un saldo de 40 comuneros asesinados y seis personas desaparecidas de la comunidad de Santa María Ostula, ubicada en el municipio michoacana de Aquila.
Por la mañana, la comunidad y el comisariado de bienes comunales, acompañados de sus representantes legales, se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con sede en Morelia, e integrantes de la comunidad cerraron por algunos minutos la Carretera Federal Costera número 200.
Carlos González, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indígena de Gobierno, explicó a los medios de comunicación que este último recurso se trata de un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, interpuesto por la comunidad de Santa María Ostula en contra de la resolución que hizo el Tribunal Superior Agrario quien confirmó la sentencia que dictó el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima.
“La sentencia refiere al juicio por conflicto de límites 78/2004, en el que dicho Tribunal desconoce, en favor de supuestos pequeños propietarios de la Placita, municipio de Aquila, una parte significativa de nuestras tierras y montes comunales, ignorando los derechos ancestrales que como pueblo originario tenemos, los convenios internacionales y la Constitución del país”, señaló Guadalupe Serrano, comisariado de bienes comunales de la comunidad en lectura de su denuncia y posicionamiento.
De acuerdo con el abogado González, esas tierras son reconocidas por una resolución presidencial, y se ha comprobado su ocupación tradicional de la comunidad nahua desde hace 500 años.
Pequeños propietarios que buscan arrebatar las tierras
Sin embargo, los pequeños propietarios tienen escrituras, y han emprendido este proceso jurídico-agrario para arrebatar las tierras, aunque esas escrituras se anulan dado que se trata de la ocupación de tierras comunales, agregó el abogado.
Carlos González explicó que, si se les reconoce esos títulos a los supuestos propietarios, se fijaría un límite comunal que llevaría a la comunidad a perder de facto esas hectáreas, y con ellas a dos poblaciones de la comunidad indígena (Plasma de oro y Murciélago), que tienen una posesión antiquísima.
“[Esos pequeños propietarios] tienen documentos expedidos dentro de tierras comunales, son prestanombres y están coludidos con el crimen organizado, primero los Caballeros Templarios y hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” acusó el comisariado.
Ante tal, la exigencia es que se reponga, regularice y desahogue correctamente el amparo, dijo el abogado.
“Para que se tome en consideración que es una comunidad indígena en el marco de sus derechos establecidos en la Constitución y Convenios Internacionales. A la comunidad no se la ha tomado como comunidad indígena, no se ha considerado sus títulos primordiales, la posesión original, ni el memorial en su tierra”, enfatizó González.
“No buscamos hacer mal a nadie sino cuidar nuestras tierras”, concluyó la comunidad y recordaron que su lucha es por cuidar sus tierras del asedio de empresas mineras y el crimen organizado, en confabulación con partidos políticos como el PRI y PRD, debido a sus recursos minerales y naturales.
Estas tierras se ubican en el litoral costero del Pacífico, en la Costa- Sierra, en el municipio de Aquila, Michoacán.