En el nuevo Poder Judicial no hay cabida para argucias, ni prácticas dilatorias que buscan retrasar juicios para evadir impuestos.
Es el mensaje que envió el Pleno de la Suprema Corte al negar, por unanimidad, un amparo a “Primero Empresa Minera”, filial de la canadiense “First Majestic Silver Corp.” por pretender dilatar un juicio fiscal que enfrenta por el adeudo de 2 mil 868 millones de pesos de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La compañía minera había interpuesto un recurso de impedimento para evitar que la ministra Yasmín Esquivel Mossa se abstenga de participar en la resolución del pleito fiscal.
“La empresa está argumentando pérdida de imparcialidad”, señaló el ministro Arístides Guerrero.
Las y los ministros del máximo tribunal condenaron las prácticas de la parte quejosa y le impusieron una multa simbólica de 7 mil 900 pesos.
“Es evidente que lo hacen con el fin de prolongar el conflicto, y en ese sentido yo si soy partidaria de que se impusiera una multa”, subrayó la ministra María Estela Ríos.
“Pues la pretensión es retrasar el trámite del asunto”, coincidió el ministro Giovanni Figueroa.
Ratifican resolución contra Televisa
En la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte también ratificó la resolución que en 2023 emitió un juzgado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en contra de Televimex S.A de C.V., es decir, Televisa.
La televisora había denunciado al entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por obligarla a compartir su infraestructura con otros competidores que ofrecen servicios de telecomunicaciones.
Las y los ministros desecharon el argumento de la compañía en el que aseguraba que las normas del extinto IFT restringen o menoscaban el derecho a la propiedad privada.
“Este argumento no puede prosperar porque la obligación de compartición de infraestructura no tiene la naturaleza de un acto expropiatorio al no tener como finalidad privar a las quejosas de la titularidad de sus bienes”, explicó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Debaten norma en materia de construcciones
Previamente, en un debate de casi dos horas, el Pleno de la Corte inició el análisis de una controversia constitucional, presentada por la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México en contra del Gobierno capitalino, al argumentar que viola el Artículo 122 de la Carta Magna en materia de competencias.
Y es que la alcaldía reclamó en 2024, por conducto de su entonces titular, el panista Mauricio Tabe, la anulación de una norma emitida ese mismo año por las autoridades capitalinas en materia de construcciones.
“Particularmente el procedimiento para emitir la constancia de verificación de seguridad estructural de edificios, facultad que según la alcaldía le corresponde conforme a la antigua Ley Orgánica de la Administración Pública del entonces Distrito Federal”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.
La alcaldía alega que el aviso afecta su autonomía administrativa. La mayoría de las y los ministros coincidieron en que la controversia constitucional no es competencia del máximo tribunal del país, sino de la Sala Constitucional de la Ciudad de México.
“Creo que no tiene razón la alcaldía en cuanto a que se esté violando una facultad que tiene”, puntualizó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
“Yo me opondría a que se aceptara que nosotros entráramos al análisis, porque desde mi perspectiva estaríamos violando la autonomía de la CDMX”, coincidió la ministra María Estela Río González.
Las y los ministros determinaron dejar en lista la controversia constitucional para su análisis de fondo la próxima semana.
Analizan amparo sobre corrida de toros
Finalmente, la Corte también atrajo el caso del pueblo de San Juan Malinaltongo, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez de la capital del país, el cual promovió un amparo para impugnar una ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México que prohíbe las corridas de toros, y otros espectáculos públicos y privados con animales.
Argumentaron que el legislativo no los consultó antes de aprobar la Ley sobre corridas de toros sin violencia que entró en vigor en marzo pasado.
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