La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a una mujer a la que se le negó la interrupción de su embarazo, a pesar de que fue víctima de violación cuando tenía 16 años.
La Primera Sala del máximo Tribunal ordenó a las autoridades de Hidalgo ofrecer una disculpa pública, así como resarcir los daños psicológicos y pérdidas económicas que sufrió debido a la mala actuación de las funcionarias involucradas.
Las y los ministros de la Primera Sala aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, que establece que forzar a una mujer a continuar un embarazo, genera per se un daño sobre la salud de la mujer, independientemente del momento en que éste se interrumpa.
El proyecto señala que las autoridades involucradas no tomaron en cuenta la calidad de menor de edad de la quejosa e ignoraron una tesis de la SCJN, donde se señala que el acceso al aborto de las víctimas de violación no debe ser punible de ninguna manera.
El escrito puntualiza que la negación de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley.
En el año 2015, la madre de la víctima denunció la violación de su hija ante la agente del Ministerio Público de Pachuca, y un mes después, cuando se confirmó el embarazo, solicitó formalmente que se le permitiera abortar.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público le negó este derecho con base en la facción II del artículo 158 del Código Penal estatal vigente en ese entonces, donde se establecía que la interrupción legal del embarazo sólo se autorizaría cuando se haya comprobado que sí se cometió el delito de violación.
Esta decisión se tomó con base en la opinión de la perito en Psicología que examinó a la víctima, quien en su reporte sostuvo que la adolescente no tenía los rasgos encontrados comúnmente en víctimas de violencia sexual.