En una larga sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad ajustes presupuestales para 2025, derivados del recorte de 714.4 millones de pesos realizado por la Cámara de Diputados.
Además, tomó conocimiento del acuerdo que suspende el proceso electoral extraordinario de la reforma judicial, aunque decidió posponer su discusión.
Ajustes presupuestales aprobados
El recorte presupuestal obligó a la SCJN a realizar modificaciones significativas en sus gastos para el próximo año.
Entre las propuestas presentadas por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, está la disminución de los recursos destinado al comedor de los trabajadores, incluyendo su cierre.
También se aprobó descontar más de 158 millones de pesos que irían destinados al pago del bono de fin de año de secretarios auxiliares y personal operativo; así como la reducción de otras prestaciones.
Pese a estas medidas de austeridad, el Pleno decidió no tocar beneficios considerados prioritarios para ministros, exministros y altos funcionarios, como:
- El seguro de separación individual, que permite a los funcionarios acumular fondos adicionales para su retiro.
- El uso de vehículos blindados, que representa un gasto considerable.
- Recursos para medicamentos no cubiertos por seguros médicos mayores privados.
- Mantenimiento de áreas exclusivas para la atención de ministros y exministros, además de la asignación de presupuesto para sus comidas fuera del comedor interno.
Estas decisiones han generado controversia, pues mientras se busca reducir gastos en prestaciones de trabajadores operativos, se mantienen privilegios para los altos funcionarios del Poder Judicial.
Debate sobre el salarios de los ministros
La discusión sobre un posible incremento en las remuneraciones de los ministros dividió opiniones.
La propuesta de aumento fue respaldada por Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, pero enfrentó el rechazo de seis ministros, entre ellos Norma Piña, Lenia Batres y Margarita Ríos Farjat, quienes argumentaron la necesidad de priorizar el gasto público.
Suspensión del proceso electoral judicial
El Pleno también tomó conocimiento del acuerdo del Comité de Evaluación que suspendió el proceso electoral judicial como parte de una suspensión definitiva otorgada por un juez en un juicio de amparo.
La Corte discutirá el próximo lunes una propuesta presentada por Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel para destituir a los integrantes del Comité de Evaluación y anular dicho acuerdo.