El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar una versión pública de la información solicitada sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Al resolver el recurso de revisión en materia de seguridad nacional interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Pleno de la Corte, con mayoría de seis votos, ratificó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de entregar al demandante la información requerida, por considerar que no se acreditó el posible daño a la seguridad nacional.
“Los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional no cuentan con un régimen especial de responsabilidad administrativa, por lo que es aplicable tanto la ley General de Responsabilidades Administrativas y como desde luego la Ley General de Acceso al Información Pública gubernamental. Por lo tanto, como servidores públicos tienen que cumplir con la obligación de entregar y hacer pública la declaración patrimonial”, expuso el ministro ponente, Javier Laynez.
Antes, en la misma sesión las y los ministros del Pleno declararon improcedente una demanda, para impedir al ministro Arturo Zaldívar conocer y participar en la discusión del tema.
Tanto el ministro Zaldívar como su par, Yasmín Esquivel, votaron en contra del proyecto del ministro Laynez Potisek, por considerar que hacer pública la información en cuestión ponía en riesgo no sólo la seguridad nacional, sino también la de los 23 ingenieros militares involucrados.
“Toda vez que por la naturaleza del aeropuerto que se trata, que fue considerado una obra de seguridad nacional, todos los datos relacionados con ella y con las personas que participaron en ella sobre todo cuando se trata de militares, de gente que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, creó que habría riesgo claro inminente a la seguridad nacional”, dijo Laynez.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que como lo señala el artículo 108 en su último párrafo, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial, sin embargo es decisión de ellos hacer pública o no la información que estas contienen.
Sin embargo, la y los ministros, Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luiz González Alcántara, Roberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo, se unieron al voto de la mayoría.
“Comparto el sentido del proyecto, fundamentalmente, porque no advierto los riesgos a la seguridad nacional que se aduce por parte de la recurrente”, dijo el ministro Jorge Mario Pardo.
Inicialmente, la Secretaría de la Función Pública negó la entrega de información a la solicitud hecha por un particular, bajo el argumento que dicha información estaba reservada por seguridad nacional, por lo que el demandante interpuso un recurso de revisión, ante el INAI.
Derivado de este recurso, el INAI ordenó a la función pública entregar una versión pública de la información solicitada, por lo que la consejería jurídica promovió ante la corte, el recurso de reclamación desechado en la sesión de este jueves.