La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contra el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INEGI, al argumentar que dicho programa viola su autonomía constitucional, ya que lo incluyen sin respetar su atribución de decidir la información y actividades que realizar.
Dijo que con la concesión de la suspensión no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones del orden jurídico, ni se causa daño mayor a la sociedad, ya que con ésta se pretende garantizar que no quede sin materia el juicio y asegurar provisionalmente la autonomía e independencia funcional y financiera, que el INEGI considera vulnerada.
De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Territorial, el INEGI sería una de las entidades encargadas de operar el Sistema de Información Territorial y Urbana; la identificación de municipios con mayores carencias, y el desarrollo de un sistema de información de vivienda abandonada o vandalizada.
El Gobierno Federal argumenta que con dicho programa se busca impulsar un “desarrollo integral en los sistemas urbanos y rurales” del país, así como reducir el entorno de desigualdad en los mismos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario indicó que a través del mencionado plan se impulsa un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades en los asentamientos humanos.