Este martes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso su preocupación sobre la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo en días próximos respecto de la prisión preventiva oficiosa.
La Constitución establece esta medida en el artículo 19 segundo párrafo, donde se define que la prisión preventiva de oficio deberá proceder para aquellas personas acusadas de cometer delitos que, por su gravedad, sean de alto impacto para la sociedad, como: narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, abuso sexual infantil, etc.
Lo anterior garantiza que la persona acusada comparezca a juicio, que no haya una fuga y también es importante para salvaguardar la seguridad de víctimas y testigos, refirió la funcionaria.
En las próximas semanas, la Suprema Corte discutirá invalidar el artículo 19 constitucional, por lo que podría ordenar a todos los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio.
Alcalde Luján explicó que el debate de las y los ministros se asienta en la resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien se ha pronunciado por eliminar esta figura.
Ante la posible eliminación de la medida, Alcalde Luján denunció que la SCJN se excede en sus funciones y pretende tomar una decisión “sin dimensionar los que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”.
“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana en realidad obliga a todo el Estado Mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión”, aseveró la funcionaria.
Asimismo, la secretaria de Gobernación recordó que el viernes pasado el Gabinete de Seguridad envió una carta a las y los ministros para expresar sus preocupaciones sobre el tema.
El documento señala, entre otros datos, que la figura que el Corte podría eliminar impactaría en la liberación de casi 68 mil presuntos delincuentes vinculados a proceso bajo prisión preventiva oficiosa en nuestro país.
“La liberación de esas personas pondría en riesgo primero, a los testigos y a las víctimas, por su puesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores, vemos un riesgo también a la población en su conjunto”, dijo.
Además, Alcalde Luján explicó que la medida de quitar la prisión preventiva oficiosa aumentaría los tiempos para resolver los asuntos por parte del Poder Judicial.
“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, su régimen político o su forma de Gobierno”, apuntó la secretaria de Gobernación al detallar que, ante cualquier norma internacional, debe prevalecer lo establecido en la Constitución.
“La Suprema Corte se excede”, reiteró Alcalde Luján, por lo que hizo un llamado al máximo tribunal del país a respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa, y valorar uno de los problemas de fondo que es “atacar la tardanza de las resoluciones de sus asuntos”.