La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la restricción de 10 años para que los exfuncionarios no pudieran integrarse a trabajar en empresas de la Iniciativa Privada.
Por unanimidad de votos, el Máximo Tribunal acordó que los exfuncionarios puedan trabajar en empresas privadas tras dejar el cargo y no como lo había establecido el Presidente López Obrador que lo pudieran hacer hasta después de una década de haber ostentado un cargo público.
En 2019, el Presidente López Obrador envió una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana al Congreso federal, con la que se estableció que los exburócratas luego de ejercer su cargo en la función pública no podrían incorporarse a una empresa particular, sino, hasta después de 10 años.
El mandatario advirtió que iba a haber “una veda de 10 años”, para que exfuncionarios luego de terminar su desempeño no pasaran a las empresas que estaban relacionadas con su sector que desempeñaban, como ocurría en la industria energética del país.
Dicha ley planteaba la modificación del periodo de 5 a 10 años para que funcionarios del más alto nivel se pudieran incorporar en la industria privada de su sector y también modificaba la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En octubre de ese mismo año, el Congreso avaló la reforma a la Ley de Austeridad Republicana con la que, además de prohibir a los funcionarios trabajar en una década en la IP, se fijaron montos a los salarios de los burócratas y se anularon bonos, estímulos, compensaciones y percepciones extraordinarias al salario asignado fuera del aprobado en el presupuesto y así, la ley entró en vigor en noviembre de 2019.